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El movimiento ecologista enfrenta desde este miércoles uno de sus momentos más críticos en los tribunales españoles. Un total de once activistas pertenecientes a la organización Greenpeace se juzgan en Valencia bajo la petición de la mayor pena jamás solicitada en el país contra defensores ambientales. El Ministerio Fiscal exige cinco años de prisión para cada uno de los procesados a raíz de una acción directa realizada en 2021, cuando se interpuso el paso a un buque metanero cargado con gas procedente de Estados Unidos en el puerto de Sagunto. Aquella maniobra pacífica pretendía alertar sobre la dependencia energética y la aceleración de la crisis climática en un momento en que el mundo intentaba recuperar la normalidad tras la pandemia.
La respuesta de Greenpeace ante un juicio sin precedentes
Los once activistas encausados ostentan ocho nacionalidades distintas —entre ellos cuatro de nacionalidad española— y se enfrentan no solo a la privación de libertad, sino también al pago compulsivo de las reparaciones derivadas del daño supuestamente causado. Hasta la fecha, la propia ONG Greenpeace ha tenido que asumir multas económicas por un valor acumulado de 160.000 euros para hacer frente a las repercusiones judiciales del caso.
La gravedad del escenario ha trascendido las fronteras nacionales. Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y la organización Amnistía Internacional han confirmado su presencia en las sesiones del juicio en calidad de observadores internacionales. Asimismo, Greenpeace ha recibido el respaldo unánime de las principales plataformas en defensa de la libertad de expresión y manifestación en España, tales como Novact, Irídia, Legal Sol y las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende.
La dirección de la ONG enmarca este procedimiento en una preocupante dinámica global de criminalización de la protesta social. Según denuncian, en los últimos años la respuesta policial y judicial contra la defensa del clima, el acceso a la vivienda o la solidaridad con Palestina ha derivado en la imposición de sanciones desproporcionadas, detenciones arbitrarias e imputaciones por delitos graves vinculados falsamente al terrorismo o la delincuencia organizada.
La desobediencia civil como motor democrático
Durante una comparecencia de prensa celebrada a bordo del buque insignia Arctic Sunrise de Greenpeace Internacional, amarrado en el puerto de Valencia, la directora ejecutiva en España, Eva Saldaña, reivindicó la legitimidad de la acción directa. Saldaña argumentó que la historia demuestra que la desobediencia civil pacífica no supone un riesgo para el marco constitucional, sino un motor fundamental para la conquista y consolidación de los derechos democráticos. A su juicio, reducir el derecho a manifestarse a un mero problema de orden público invisibiliza su rol vital como contrapoder social para denunciar situaciones de injusticia.
Por su parte, Javier Raposo, responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho a la Protesta de Greenpeace, destacó que frente al deterioro institucional y la crisis climática, la resistencia no violenta es una herramienta imprescindible para articular respuestas colectivas ante las grandes amenazas del siglo XXI.
Desproporción penal y el coste humano del activismo
El equipo jurídico de Greenpeace que lidera la defensa insiste en que los hechos juzgados no ocasionaron daños personales ni afectaron a la seguridad de la navegación marítima. Inés Díez, abogada de la causa, reiteró que la desobediencia civil pacífica goza de protección bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, prevaleciendo sobre las molestias temporales que puedan generarse en el entorno público. La letrada lamentó que los procesados lleven cinco años sumidos en un proceso penal que mantiene en suspenso sus proyectos de vida personal por el único hecho de defender el planeta.
Entre las personas que se sientan en el banquillo figura el activista Francisco del Pozo, quien resumió la vivencia emocional que supone afrontar este tipo de acusaciones. Del Pozo afirmó que ser activista en España implica rebelarse contra el derrotismo y señalar a los verdaderos responsables del deterioro ambiental, aunque ello conlleve convivir junto a sus seres queridos con la ansiedad que genera la amenaza firme de entrar en prisión.
La resolución de este proceso judicial sentará un precedente clave para el futuro del derecho de manifestación y la protección legal de los defensores del medio ambiente en España.
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