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Greenpeace ha solicitado que el futuro real decreto sobre la gestión de los riesgos de inundación, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incorpore una prohibición expresa de la especulación urbanística en las zonas inundables. La petición forma parte del conjunto de alegaciones que la organización ecologista ha registrado durante el proceso de audiencia pública, abierto hasta el próximo 16 de septiembre.
La entidad considera que la futura normativa supone un avance al reconocer los errores cometidos durante la última década, aunque sostiene que las medidas planteadas por el Ejecutivo no son suficientes para responder al aumento de fenómenos extremos asociado al cambio climático. En su opinión, la protección de la población debe situarse por encima de cualquier interés inmobiliario o económico.
Greenpeace valora positivamente que el Gobierno haya realizado una autocrítica sobre la eficacia de la regulación aprobada en 2015. Según la organización, el propio proyecto de decreto admite que la urbanización en zonas inundables y expuestas al riesgo de avenidas ha continuado creciendo pese a las limitaciones existentes.
No obstante, la organización ambiental advierte de que ese reconocimiento debe traducirse en decisiones mucho más contundentes. Para Greenpeace, mantener la posibilidad de desarrollar suelo en espacios con antecedentes de inundaciones supone perpetuar un modelo urbanístico que pone en peligro vidas humanas y genera elevados costes públicos cuando se producen desastres naturales.
El cambio climático obliga a replantear los modelos de zonas inundables o con algún riesgo
Uno de los principales argumentos científicos incluidos en las alegaciones se centra en el concepto del fin de la estacionariedad hidrológica. Greenpeace sostiene que los métodos tradicionales para calcular el riesgo de inundación, basados en los conocidos periodos de retorno de 100 o 500 años, han quedado desfasados debido a la alteración del ciclo del agua provocada por el calentamiento global.
La organización explica que los episodios considerados excepcionales durante el siglo XX son ahora cada vez más frecuentes e intensos, por lo que planificar el territorio utilizando únicamente datos históricos ya no ofrece garantías de seguridad.
En este contexto, el responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace España, Julio Barea, afirma que “el suelo tiene memoria, pero la planificación humana adolece de una preocupante amnesia institucional”. A su juicio, seguir diseñando ciudades con referencias hidrológicas estáticas equivale a preparar las tragedias futuras utilizando mapas del pasado que desembocarían en zonas inundables.
Entre los aspectos que Greenpeace considera insuficientes figura la propuesta de prohibir la construcción de garajes subterráneos en zonas inundables y la obligación de elevar un metro las nuevas viviendas edificadas sobre suelo urbanizable.
La organización argumenta que elevar los edificios puede reducir determinados daños materiales, pero no evita otros problemas asociados a una inundación, como el aislamiento de los vecinos, el colapso de las redes de saneamiento o la interrupción de los suministros básicos. Además, considera que esta solución termina legitimando la comercialización de parcelas inseguras, cuyas futuras indemnizaciones podrían recaer sobre las administraciones públicas y, en última instancia, sobre el conjunto de los contribuyentes.
Una moratoria inmediata para evitar nuevas licencias
Otro de los puntos más cuestionados es el plazo de cinco años que el proyecto concede a los ayuntamientos para adaptar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) a la nueva normativa.
Greenpeace califica ese periodo como una “temeridad cronológica” al entender que puede desencadenar una carrera por conceder licencias urbanísticas en zonas inundables antes de que entren en vigor las nuevas limitaciones. Por ello, reclama la aprobación de una moratoria cautelar inmediata que suspenda cualquier autorización para construir en suelos con historial conocido de riesgo de inundación mientras se actualiza la planificación urbanística.
La organización también defiende un cambio de enfoque en la gestión de las inundaciones. Según sus alegaciones, España continúa priorizando infraestructuras de ingeniería civil como escolleras, presas o canalizaciones, unas actuaciones que, a su juicio, generan una sensación de seguridad engañosa y pueden trasladar la fuerza destructiva del agua hacia otras poblaciones situadas río abajo.
Frente a ese modelo, Greenpeace propone recuperar el espacio natural de los ríos mediante soluciones basadas en la naturaleza. Entre ellas destaca la restauración de llanuras aluviales, meandros y humedales, ecosistemas capaces de absorber parte del exceso de agua y reducir el impacto de las crecidas al actuar como auténticas esponjas naturales.
Memoria de las riadas y protección de las comunidades vulnerables
La organización respalda una de las iniciativas incluidas en el proyecto del Ministerio: la instalación de paneles y señales en las calles que indiquen el nivel alcanzado por inundaciones históricas. Considera que esta señalética puede contribuir a mantener viva la memoria colectiva del riesgo y mejorar la concienciación ciudadana.
Sin embargo, Greenpeace plantea ir un paso más allá y pide que esa medida quede vinculada legalmente a la creación de Asambleas Ciudadanas de Resiliencia Local. Asimismo, solicita una mayor implicación del Estado para proteger a las comunidades con mayor vulnerabilidad económica, ya que con frecuencia son las que residen en las viviendas más expuestas situadas en los márgenes de los ríos y en las zonas inundables o con riesgo de ello.
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