Huelga general contra la reforma tributaria del nuevo Gobierno de Costa Rica

San José, 24 jun (EFE).- Los sindicatos protestarán mañana lunes con una huelga general contra una reforma tributaria y el recorte de gastos aplicados por el Gobierno de Costa Rica que encabeza desde mayo pasado Carlos Alvarado, ya que consideran empobrece a la clase trabajadora.

Los sindicalistas alegan que en la crisis en las finanzas públicas y el déficit fiscal la clase trabajadora costarricense, tanto pública como privada, no tiene ninguna responsabilidad.

"El principal disparador del gasto público: el pago de los intereses de la deuda. No lo es y nunca lo ha sido el pago de los salarios del sector público, pese a la más infamante campaña de odio contra el empleo público jamás vista en los últimos gobiernos y que el actual se ha encargado de atizar", destacó la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en un comunicado de prensa.

Añade que "prácticamente, entramos ya en el tormentoso y tenso camino de las rebajas salariales, las cuales golpearán a los sectores más salarialmente precarios de la administración pública como los policías, el personal técnico-profesional y administrativo, así como el personal de servicios sociales".

Según quienes convocaron a huelga, la "funesta decisión gubernamental, tomada unilateral y verticalmente, sin la menor discusión con la representación obrera, potencia más la legitimidad del movimiento de huelga nacional de mañana lunes".

Por su parte, el Gobierno afirma que el movimiento de huelga no se justifica y que una mesa de diálogo se mantiene activa, incluso con una reunión convocada para el 29 de junio para analizar el asunto fiscal del país.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica estudia desde hace más de dos años el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que consiste en una reforma tributaria que introduce cambios en el impuesto sobre la renta, la renta de capital, la renta global y reducción de incentivos salariales en el sector público.

Pero el principal punto del proyecto es la transformación del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado de la misma tasa, pero que gravará los servicios y ampliará la base de productos.

El déficit fiscal del 2017 cerró en el 6,2 por ciento del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1 por ciento si no se da la reforma tributaria.

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado también lleva adelante un plan de contención del gasto que incluye reducciones en pluses salariales, el congelamiento o bajada de los salarios de los altos funcionarios, entre otras.

Otro plan anunciado por Alvarado es uno para luchar contra la evasión y el contrabando, que incluye intensificar los cobros judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de las personas físicas y jurídicas.