Huelgas y protestas marcan la agenda del año electoral en Portugal

Lisboa, 20 ene (EFE).- Si en 2018 los portugueses escogieron "enfermero" y "profesor" como las palabras del año debido a las numerosas huelgas que protagonizaron, 2019 ha empezado por el mismo camino y los paros y las movilizaciones marcan el día a día del país, que en octubre celebrará elecciones legislativas.

Solo para enero fueron entregados más de medio centenar de avisos de huelga en seis áreas del funcionariado, según los datos disponibles en la web de la Dirección General de la Administración y el Empleo Público lusa.

Además de enfermeros y profesores, continúan su lucha los bomberos, los funcionarios judiciales y hasta los guardias de prisiones.

La contestación social no dio tregua ni el primer día del año, cuando una huelga ferroviaria causó la supresión de trenes por todo el país.

Esta semana, salieron a la calle los bomberos municipales de Lisboa, que el lunes intentaron irrumpir en el Ministerio de Trabajo para entregar una carta con sus reivindicaciones y fueron frenados por la Policía y el jueves se movilizaron mientras se desarrollaba la reunión del consejo de ministros.

Protestan contra la propuesta gubernamental para alterar el estatuto de la profesión -eleva la edad de jubilación a 60 años y rebaja el salario base- y tienen prevista una huelga de dos semanas que arrancará mañana día 21.

El martes fue el turno de los funcionarios judiciales para llevar sus reivindicaciones a la calle.

El día de la ceremonia de apertura del año judicial, miles de manifestantes se concentraron frente al Tribunal Supremo para exigir mejoras en sus condiciones laborales y el reinicio de negociaciones sobre el estatuto de la profesión.

El colectivo protagoniza además una huelga desde el día 7 que se prolongará hasta el 31 de enero, con paralizaciones diarias en varios tribunales y organismos.

Los guardas de prisiones -que se negaron a hacer horas extra prácticamente durante todo 2018, lo que generó algunos motines de presos a finales de año- iniciaron una nueva huelga el miércoles que se alargará hasta febrero.

Tampoco desisten los profesores, enzarzados con el Gobierno por la antigüedad para actualizar sus salarios: exigen que se considere todo el período que estuvieron congelados -más de nueve años- y el Ejecutivo ofrece menos de tres.

Respaldada después de que el Parlamento obligase al gabinete del socialista António Costa a retomar las negociaciones con los sindicatos, la Federación Nacional de la Educación (FNE) inició el día 11 en Oporto una campaña para luchar por una actualización de sus sueldos.

El otro gran sindicato del sector, la Federación Nacional de Profesores (Fenprof), prepara una vigilia frente al Ministerio de Educación en fecha todavía por confirmar.

Los únicos que han dado una tregua temporal son los enfermeros, que reclaman una categoría profesional de especialista.

Suspendieron una protesta tras reunirse con el Ministerio de Salud después de seguir una huelga de quirófanos de cerca de un mes a finales de 2018 que obligó a aplazar unas 8.000 cirugías.

Alentado por el calendario de movilizaciones, el Frente Común de la Administración Pública ha convocado una huelga para el 15 de febrero contra la "falta de respuesta" del Gobierno sobre los aumentos salariales en el funcionariado.

La protesta responde a la decisión del Ejecutivo de subir sólo los sueldos más bajos de la función pública, mientras que los sindicatos exigen un aumento generalizado.

La única "buena noticia" para el Gobierno de Costa -favorito en las encuestas para las legislativas de octubre- en el capítulo de la conflictividad laboral fue el fracaso de los "chalecos amarillos" en suelo luso.

Tras una primera convocatoria el 21 de diciembre con más policías que "chalecos", el movimiento terminó de desinflarse el primer fin de semana de enero con una concentración que reunió a unas decenas de manifestantes y apenas trascendió.