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El Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha ha aprobado la modificación del decreto que regula ayudas para impulsar la contratación indefinida, adaptar puestos de trabajo y acompañar la incorporación de personas vulnerables a empresas ordinarias, dotado con 1,5 millones de euros para 2026. Así lo ha anunciado la portavoz, Esther Padilla, señalando su “importante componente social” y carácter “profundamente transformador”, impulsando el empleo inclusivo en la región.
Superar de forma definitiva la brecha laboral y la desigualdad
A este respecto, Padilla ha subrayado con énfasis que “pocas cosas dan más autonomía y más dignidad a una persona que poder acceder a un empleo, mantenerse en él y desarrollarlo en igualdad de condiciones”. Por ello, ha defendido firmemente que el decreto busca evitar que una discapacidad, una capacidad intelectual límite o un trastorno del espectro del autismo se conviertan de ahora en adelante en “una barrera insalvable” para trabajar dentro de cualquier sector productivo.
La aprobación de este decreto llega en un contexto en el que la brecha laboral sigue siendo muy acusada, ha relatado la consejera. Según los últimos datos oficiales disponibles del INE, correspondientes al año 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4 %, menos de la mitad que la de las personas sin discapacidad, que alcanzó el 78,5 %. Unas cifras de gran relevancia que, según la propia consejera, evidencian que el acceso al empleo sigue siendo desigual y que, por tanto, la inclusión laboral necesita algo más que voluntad: “requiere políticas específicas, presupuesto y acompañamiento”.
Una novedad es la incorporación expresa del trastorno del espectro del autismo como colectivo beneficiario y aquellas personas con capacidad intelectual límite, incluso sin discapacidad reconocida oficialmente. Este compromiso es fruto del diálogo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Consejería de Bienestar Social con la Federación Regional de Autismo, que será realidad en la próxima convocatoria. El texto incorpora “una mirada más precisa sobre la vulnerabilidad laboral”, atendiendo a quienes necesitan apoyos específicos.
Cuatro líneas de ayudas para potenciar el empleo inclusivo
El decreto se articula en cuatro líneas de ayuda. La primera, dotada con 1,25 millones de euros, concentra la mayor parte del crédito y fomenta la contratación estable, subvencionando la contratación inicial indefinida (incluida la modalidad de fijo discontinuo) y la transformación de contratos temporales en indefinidos. Las ayudas serán de 8.000 euros si es hombre y 8.500 euros si es mujer, siempre a jornada completa. En contratos a tiempo parcial, se reducirá proporcionalmente. “Damos un incentivo adicional a la contratación de mujeres”, precisó Padilla, favoreciendo su acceso a un empleo inclusivo.
La segunda línea, con 75.000 euros, adapta el entorno laboral a las necesidades reales del trabajador. Financia equipos de protección, eliminación de barreras, adaptación de maquinaria, herramientas, mobiliario, tecnologías accesibles o interpretación en lengua de signos, alcanzando hasta 1.000 euros por persona para consolidar este empleo inclusivo.
La tercera línea, dotada con 75.000 euros, facilita el paso desde el empleo protegido al ordinario. Subvenciona la contratación indefinida de personas procedentes de enclaves laborales y la colaboración con centros especiales de empleo. Permite que quien trabaja en un entorno protegido vinculado a una empresa ordinaria se incorpore directamente de forma estable, facilitando su inserción mediante este empleo inclusivo.
La cuarta línea, con 125.000 euros, financiará costes salariales y de Seguridad Social del personal preparador laboral para el acciones de empleo con apoyo. Esta figura acompaña en la adaptación al puesto, realiza seguimiento, facilita la relación con la plantilla, apoya habilidades sociales y asesora a la empresa, construyendo un itinerario completo que afianza el empleo inclusivo.
Tejido productivo y estrategia regional
Podrán acceder empresas privadas, autónomos, sociedades laborales, cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades sin ánimo de lucro. El Gobierno quiere implicar al tejido productivo y social en una inclusión que “interpela al conjunto de la sociedad”. Se enmarca en la Estrategia Regional por el Empleo 2023-2027, donde el empleo inclusivo concentra uno de cada tres euros, siendo una prioridad presupuestaria.
Obras de emergencia en Toledo
En otro orden de asuntos, la portavoz ha señalado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento directo del encargo realizado por la Consejería de Bienestar Social a la empresa pública TRAGSA, por el trámite de emergencia, para ejecutar las obras necesarias en la residencia de mayores del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, con una inversión prevista de 2,2 millones de euros. Padilla ha señalado que tanto el seguimiento y el mantenimiento habitual del edificio como la evolución observada en la red de saneamiento hacen necesaria esta actuación urgente para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, evitar vertidos y reducir los riesgos asociados al deterioro detectado. Asimismo, ha indicado que el estado actual de esta parte del edificio podría estar relacionado con la forma en la que se llevó a cabo inicialmente la instalación del sistema de saneamiento.
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