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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 24 de junio en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los distintos casos judiciales que en las últimas semanas han salpicado al PSOE. La decisión se produce tras una creciente presión política y mediática, intensificada después de la reciente actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid.
La fecha de la comparecencia fue acordada en la Junta de Portavoces celebrada este martes en la Cámara Baja. Este encuentro tuvo lugar justo después de un acto institucional relevante: la visita del Papa León XIV al Congreso, donde ofreció un discurso ante el Hemiciclo en el marco de su estancia oficial en España.
El calendario no es casual. La comparecencia de Pedro Sánchez tendrá lugar en la última semana de Pleno de este periodo de sesiones parlamentarias. Desde el Gobierno se propuso esta fecha, que finalmente fue aceptada por la mayoría de los grupos, aunque no sin críticas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) expresó su malestar al considerar que la comparecencia se producirá “demasiado tarde”.
Motivos de la intervención de Pedro Sánchez
El presidente del Ejecutivo solicitó formalmente su comparecencia acogiéndose al artículo 203 del Reglamento del Congreso. Según el texto registrado, Pedro Sánchez pretende “informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”.
No obstante, su intervención no se limitará a este asunto. También está previsto que aborde la posición de España en el próximo Consejo Europeo, que se celebrará los días 18 y 19 de junio, así como su propia participación en dicha cita internacional.
La decisión de comparecer llega en un contexto político especialmente delicado. Apenas nueve minutos después de que Pedro Sánchez anunciara su intención, varios de sus socios parlamentarios (Podemos, ERC, Compromís y BNG) registraron solicitudes formales para exigir explicaciones al Gobierno.
La inquietud entre los aliados del Ejecutivo ha ido en aumento en las últimas semanas. Han pasado ya tres semanas desde que la Audiencia Nacional informara de la condición de investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’. Desde entonces, según reconocieron los propios socios de investidura tras la Junta de Portavoces, la situación política “no ha hecho más que tensarse”, especialmente tras la aparición de nuevos casos que podrían vincular al PSOE con posibles prácticas irregulares.
El ‘caso Leire’ y la entrada de la UCO en Ferraz
Uno de los episodios más recientes que ha alimentado la polémica con los de Pedro Sánchez es el denominado ‘caso Leire’. Hace unos días, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz emitió un requerimiento de información que derivó en la entrada de agentes de la UCO en la sede del PSOE.
En su auto más reciente, el magistrado planteó la posible existencia de una trama que habría sido presuntamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Según esta hipótesis, se habrían utilizado fondos del partido para pagar a la exmilitante socialista Leire Díez con el objetivo de “obstaculizar” causas judiciales que afectaban tanto al Gobierno como al propio partido.
En este entramado también aparecen otros nombres relevantes, como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el de la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Nuevas citaciones y procesos judiciales en marcha
Las derivadas judiciales de estos casos continúan ampliándose. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, está citada a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional el próximo 10 de julio en relación con el ‘caso Leire’.
Además, tan solo un día después de la intervención de la UCO en Ferraz dio comienzo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto a otros diez investigados. Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Gallardo, exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz.
En este proceso se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de actividades musicales en los conservatorios dependientes de la Diputación. El juicio deberá determinar si dicha contratación se ajustó a la legalidad o si, por el contrario, responde a un caso de corrupción.
A este escenario se suma otra investigación relevante que afecta a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite dos querellas presentadas por el Partido Popular y Vox en relación con el rescate de Air Europa.
En este contexto, el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, ha sido citado como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Su declaración está prevista para el próximo 3 de julio.
Próximas comparecencias sobre Indra
Antes de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el Gobierno afrontará otra cita importante. Este mismo martes, el director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, comparecerán en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional (Congreso-Senado).
El objetivo será informar sobre los últimos movimientos de la familia Escribano en Indra. La salida de esta firma se produjo un mes después de que Ángel Escribano renunciara a la presidencia de la compañía, tras la denuncia por parte de la SEPI de un posible conflicto de intereses, en un contexto en el que Indra negociaba la adquisición de EM&E.
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