Desafíos y perspectivas en la gestión de las contingencias migratorias humanitarias en la infancia

España debería contar con una verdadera política de Estado de gestión de contingencias humanitarias migratorias, coordinada a nivel central y que garantice la igualdad de trato a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. La gestión de la crisis de refugiados derivada de la guerra de Ucrania demostró que es posible poner a la infancia en el centro y ha sido la respuesta de mayor dimensión, más rápida, más completa, más solidaria y más coordinada que había dado España a una contingencia humanitaria migratoria hasta la fecha.

Unicef alerta sobre la protección de la infancia migratoria

Para José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, “tanto el sistema de acogida, protección a la infancia, educativo y sanitario tuvieron una buena reacción, aunque es cierto, por ejemplo, que no se adoptaron protocolos de actuación integral con la infancia en los dispositivos de acogida. Lo paradójico fue que seguían llegando niños y niñas procedentes de otros lugares y no recibieron una respuesta equivalente, ni en ese momento ni en los últimos años. Por ello, pedimos que esos niños y niñas que llegan desde otros países tengan los mismos derechos”.

UNICEF España ha lanzado un informe, La respuesta de España a la crisis de Ucrania: ¿Un punto de inflexión en la protección de la infancia en contexto de contingencias humanitarias migratorias?, en el que analiza la gestión de la crisis por parte de las autoridades españolas. Este estudio recoge los aspectos más positivos de dicha respuesta -como la agilidad, la coordinación, la ampliación de la red de acogida o la implantación de sistemas novedosos de acogimiento- pero también contempla las áreas de mejora para llegar a una política migratoria con enfoque de derechos infantiles.

En este sentido, la organización pide que la gestión de las contingencias humanitarias migratorias se consolide como una auténtica política de Estado, liderada y coordinada por el Gobierno central; una respuesta uniforme para cada niña o niño, acompañado y solo, mediante herramientas, procesos y especialización similares que eviten un tratamiento desigual; garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial en todas las decisiones, procesos y medidas; y la sostenibilidad de esa política, basada en responsabilidades compartidas y solidaridad con los territorios de primera llegada.

La reciente creación de la Comisión Interministerial de Inmigración, cuya misión es atender los repuntes migratorios con agilidad y al más alto nivel, supone una oportunidad para avanzar, pero debería crear un grupo permanente que aborde las cuestiones específicas de los menores, en coordinación con los Ministerios de Juventud e Infancia, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Reformar el procedimiento de determinación de la edad, introducir herramientas básicas de protección hacia los menores en el sistema de atención humanitaria y de acogida a refugiados, asegurar la adecuada implementación del Modelo de gestión de contingencias migratorias para infancia y adolescencia no acompañada o no poner barreras a los empadronamientos son otras medidas concretas que, a juicio de UNICEF España, podrían mejorar la atención migrante, independientemente de su procedencia o de dónde se encuentre.

Situación en Canarias y corresponsabilidad entre CCAA

Preocupa especialmente la situación en Canarias, sobre todo la de los al menos 5.500 niños, niñas y adolescentes no acompañados que son atendidos por los servicios de protección canarios. Allí, “los sistemas de acogida y protección están sobrepasados, y para garantizar el interés superior de estos niños y niñas, tiene que haber una corresponsabilidad con otras comunidades autónomas. Existe un mecanismo de contingencia migratoria para que haya derivaciones y solidaridad entre los territorios que es un indudable paso adelante, pero no está funcionando como debería”, explica José María Vera.

“Una de las lecciones aprendidas de la crisis ucraniana es esa corresponsabilidad interterritorial y social, que debe darse en otras situaciones con otros orígenes. Si no se produce por una vía solidaria y voluntaria, es conveniente que se estudien fórmulas de obligatoriedad que permitan trasladar a los niños y niñas no acompañados a otros puntos del país con las debidas garantías. Es el Estado en su conjunto quien tiene la responsabilidad de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, y la tiene que ejercer como corresponde”, concluye.