El Supremo juzgará la legalidad de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la inmigración irregular

El Tribunal Supremo tendrá que decidir sobre la legalidad de la entrega a Marruecos de 30 millones de euros para contener la inmigración irregular, una partida que el Gobierno extrajo del fondo de contingencia de los Presupuestos a fin de frenar estas entradas.

El Supremo juzgará la legalidad del dinero entregado a Marruecos

La Justicia dirimirá acerca de si se ajusta a la ley recurrir a este fondo ya que su naturaleza es la de una reserva presupuestaria destinada a necesidades “urgentes, imprevisibles e inaplazables”, como son las catástrofes naturales o las pandemias.

Fue un conglomerado de organizaciones sociales la que interpuso un recurso ante el Supremo para pedir su nulidad. Los demandantes —Access Info Europe y Andalucía Acoge— bajo la dirección jurídica de Gentium, y con el apoyo de Profundo denuncian un uso inadecuado del fondo, además de falta de transparencia.

30 millones de euros para frenar la inmigración

Los demandantes señalan al Supremo las carencias que identifican en el expediente administrativo por el que se justificó el uso del fondo de contingencia para ese fin nada habitual.

La demanda destaca la ausencia de cualquier referencia al compromiso acordado con Marruecos para fundamentar el carácter inaplazable de la financiación, así como la falta de un desglose de los gastos que debían ser atendidos con urgencia. “Se trata de una infracción frontal de los pilares de cualquier expediente de modificación presupuestaria y una vulneración del principio jurídico de transparencia”, apuntan.

Interior justificó la transferencia para prevenir “una nueva crisis migratoria”

Las organizaciones señalan que no se ha justificado la posibilidad de atender el gasto con otras modificaciones presupuestarias. Rechazan también la excepcionalidad y la urgencia con la que el Ministerio del Interior justificó el uso de esa partida en torno a la idea de prevenir “una nueva crisis migratoria”.

La inyección de estos fondos a Marruecos fue una novedad, según señalan las organizaciones. Primero porque Marruecos no se encontraba entre los receptores habituales de las ayudas destinadas a la cooperación policial internacional de las que se benefician sobre todo Senegal y Mauritania.

El doble del presupuesto aprobado para estas partidas

Y, también, porque, el importe concedido a Marruecos casi doblaba el presupuesto aprobado para estas partidas, que cubren acuerdos con al menos seis países.

El Gobierno de España transfirió ese dinero a Rabat tras un año en el que España se convirtió en la principal puerta de entrada de la Unión Europea para la inmigración irregular.

Las autoridades marroquíes han sido denunciadas por abusos

“En este caso la rendición de cuentas al público es especialmente importante porque los fondos estaban destinados a cubrir operaciones de las autoridades marroquíes, que en varias ocasiones han sido denunciadas por los abusos cometidos contra las personas migrantes” señalan las organizaciones.

En esta línea, los demandantes inciden en que la concesión y el uso de la financiación a terceros países en materia migratoria no solo debe ser más transparentes sino que las ayudas deberían estar condicionadas al respeto de los derechos humanos.