Sube el IVA de servicios sanitarios y educativos

Ni la crisis económica y sanitaria sin precedentes que está viviendo España, ha impedido que el Ejecutivo abandone su hoja de ruta de alzas impositivas. Pese a las recomendaciones de expertos, agentes sociales e, incluso, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gobierno tiene ya en el punto de mira dos sistemas impositivos sobre los que comenzar la escalada tributaria. Las pensiones y los tipos reducidos del IVA serán los primeros.

La negociación entre los socios de la coalición del borrador de los Presupuestos de 2021 está a punto de terminar. La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no cuenta con el consenso absoluto en el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, ya que hay quienes piensan que un encarecimiento de las pruebas médicas en clínicas privadas podría provocar una saturación aún mayor en la sanidad pública, ya de por sí estresada a causa de la pandemia del coronavirus. Tampoco están convencidos de la eficacia de la medida autónomos, empresarios y sindicatos.

El Ejecutivo quiere empezar la reforma del IVA con los tipos reducidos

El Gobierno estudia incrementar el Impuesto de Valor Añadido (IVA) de los servicios sanitarios y la educación privada hasta el 21%, una medida que contempla el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que supondría el encarecimiento de las consultas de fisioterapeutas, odontólogos y podólogos, entre otros, en el ámbito sanitario, y de los centros de formación privados como colegios, universidades o academias, en el caso del sector educativo. 

Sin embargo, una subida o una reforma del IVA en plena crisis del coronavirus Covid-19 afectará al consumo y a las familias, las principales beneficiadas de los tipos reducidos de IVA.

A lo primero se opone abiertamente Unidas Podemos, que habría hecho que la ministra, María Jesús Montero, abandonara la idea. Por otra parte, en los últimos días han surgido las críticas desde el sector empresarial.

La propuesta del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, de revisar los bienes y servicios vinculados a los tipos reducido -del 10%- y superreducido -del 4%- del IVA permitiría mejorar la recaudación de los 35.262 millones que se recauda a través de estos productos. En concreto el tipo del 10% recauda para las arcas públicas 25.102 millones y el superreducido del 4% un total de 10.160 millones.

"No son momentos de subir impuestos"

Asociaciones de colegios privados y academias de enseñanza se han unido para denunciar que esta subida del IVA "podría llegara suponer la desaparición del sector" de la educación privada, ya que provocará un "encarecimiento insoportable de este servicio".

De esta manera, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se ha mostrado totalmente contrario a aplicar al considerar que “un IVA del 21% para los profesionales de la sanidad y la educación aumentará el gasto público, la economía sumergida y ahogará a muchos autónomos".

"No debemos olvidar que estos profesionales desarrollan actividades que son servicios esenciales”, ha señalado Amor en un comunicado. “No son momentos de subir impuestos ni de gravar con IVA actividades que hasta ahora estaban exentas, ni podemos prescindir de ningún profesional en el ámbito de la salud en medio de una pandemia”, añade.

Para el presidente de ATA, la medida tendrá como “consecuencia inmediata un incremento del gasto público, como ha señalado la propia AIREF, y un mayor número de actividades irregulares e incremento de la economía sumergida”.

Otras subidas en el aire

La subida del IRPF a las rentas más altas

La subida del IRPF a las rentas más altas es una de las medidas que figura en la reforma fiscal que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en su pacto de coalición. Aunque fuentes cercanas a la negociación deslizan que aún podría haber alguna otra "sorpresa" de tipo fiscal, la única subida de impuestos segura será la del IRPF a las rentas más altas.

Montero ha intentado que la subida solo afecte a quienes ganen de 150.000 euros al año, en lugar de a partir de 130.000, la cifra que contempla el acuerdo de coalición. De esa manera, solo un 0,5% de los contribuyentes notaría la subida. En concreto, 91.377 personas, según cálculos del sindicatos de técnicos de Hacienda, Gestha.