Junts rechaza los dos decretos de vivienda del Gobierno y aboca la legislatura a un choque parlamentario decisivo

La tensión en torno a la política residencial de España ha alcanzado su máximo nivel de confrontación institucional. Según publica EL PAÍS este 2 de octubre de 2026, la Ejecutiva de Junts per Catalunya ha acordado por unanimidad votar en contra de los dos Reales Decretos-leyes de emergencia habitacional tramitados por el Gobierno de coalición. La formación independentista ha exigido formalmente al Ejecutivo la retirada inmediata de ambos textos antes de la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, argumentando que las medidas aprobadas en La Moncloa provocarán «un efecto contrario al pretendido». La decisión frena en seco el intento de amortiguar el conflicto social y deja al Gobierno en una posición de extrema debilidad parlamentaria.

Las razones de Junts para el veto: invasión de competencias y riesgo de contracción del mercado

El posicionamiento de la dirección de Junts se fundamenta en un rechazo frontal a la intensidad interventora adoptada por el Gobierno de coalición. Según expone el comunicado de la formación catalana, herramientas como la indemnización de 12 mensualidades por la no renovación injustificada de los contratos, el veto a las compras de grandes tenedores por debajo del 70 % de su valor o las restricciones al alquiler de temporada desincentivarán la oferta de pisos en arrendamiento y terminarán encareciendo aún más los precios para las familias con menores recursos.

Asimismo, el partido de Carles Puigdemont denuncia que el redactado de las normas incurre en una severa invasión de las competencias exclusivas en materia de vivienda y derecho civil que corresponden a la Generalitat de Cataluña. Junts considera que las medidas desprotegen a los pequeños propietarios frente a situaciones de impago u ocupación ilegal y ha exigido la apertura de una mesa de negociación desde cero para redactar un nuevo texto.

La respuesta de La Moncloa: negativa a retirar los textos y desafío al bloque de la oposición

Frente al planteamiento de Junts, el Ejecutivo ha rechazado categóricamente la posibilidad de retirar los dos decretos. Tanto el PSOE como Sumar han ratificado que mantendrán la convocatoria del Pleno extraordinario en la Cámara Baja para someter los textos a la votación de convalidación, retando a la formación independentista a asumir la responsabilidad política de hacer caer la legislación sobre vivienda uniendo sus votos a los del Partido Popular y Vox.

Desde el Gobierno se enfatiza que la tramitación se ha gestionado con la máxima responsabilidad social y que el resto de las fuerzas parlamentarias que hicieron posible la investidura —incluyendo ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria— habían anunciado ya su disposición a respaldar las normas. Para La Moncloa, la decisión de Junts supone dar la espalda a la ciudadanía y situarse del lado de los grandes tenedores en medio de una crisis habitacional sin precedentes.

Alarma social en las calles y amenaza sobre la estabilidad de la legislatura

El anuncio de Junts se produce mientras la movilización popular mantiene su pulso en el centro de las ciudades. La acampada de la Puerta del Sol en Madrid y las convocatorias de protestas ciudadanas impulsadas por los Sindicatos de Inquilinas en diversos puntos de España reclaman que la legislación no sufra ningún retroceso.

La eventual derogación de los dos Reales Decretos-leyes en el Congreso supondría la anulación automática de la protección frente a desahucios sin alternativa habitacional y el fin de los límites de compra imposición a los fondos financieros. Más allá del impacto en el mercado residencial, el desenlace de esta votación evidencia la acusada fragmentación que atenaza al bloque de gobernabilidad, situando la política habitacional y la viabilidad parlamentaria de la legislatura en un escenario de máxima incertidumbre.

Qué debe pasar para que los dos decretos se convaliden… o decaigan por falta de apoyo

Conforme al artículo 86 de la Constitución Española, el Gobierno dispone de un plazo máximo de 30 días para someter ambas normas al debate de convalidación en el Congreso de los Diputados. La fragilidad del bloque parlamentario que sustentó la investidura reduce el margen de error a un puñado de votos, donde la abstención o el 'No' de un solo socio minoritario puede provocar el decaimiento directo de las leyes.

Para que un Real Decreto-ley quede convalidado en el Pleno de la Cámara Baja no se requiere una mayoría absoluta (176 escaños sobre el total de 350), sino una mayoría simple: basta con obtener más votos afirmativos que negativos en el cómputo final. Sin embargo, la distribución del arco parlamentario convierte este trámite ordinario en un ejercicio de alta tensión política:

• El bloque del 'No' prefijado: La suma del Partido Popular (137 diputados), Vox (33) y UPN (1) fija un suelo de 171 votos en contra previsibles para las iniciativas de calado regulatorio del Ejecutivo.
• El bloque del Gobierno: PSOE (120) y Sumar (27) aportan 147 votos a favor de partida, lo que obliga a la coalición a reclutar de forma indispensable al menos 25 apoyos adicionales entre las fuerzas soberanistas, regionalistas y de izquierda para superar la barrera de los 171 votos de la oposición conservadora.
• El efecto de las abstenciones: Cuantos más diputados opten por la abstención, más bajo se sitúa el umbral numérico necesario para lograr la convalidación. No obstante, si se produce un empate exacto a votos (por ejemplo, 171 a 171), el Reglamento del Congreso establece que la votación se repetirá hasta en tres ocasiones; de persistir las tablas, el decreto cae automáticamente y queda derogado.

El resultado final de la votación depende de la postura final que adopten las formaciones del bloque de investidura, cada una de las cuales ostenta la capacidad efectiva de vetar las normas:

• La llave de Junts (7 diputados): Si la formación catalana decide votar 'No' junto al bloque del PP y Vox, la oposición alcanza los 178 votos, una mayoría absoluta destructiva que tumba el decreto de forma irreversible sin importar la postura del resto de partidos. Para que la norma prospere, el Gobierno necesita al menos el 'Sí' o la abstención negociada de Junts a cambio de concesiones competenciales o fiscales.
• La amenaza de veto de Podemos (4 diputados): En el flanco izquierdo, la formación morada ha advertido de que votará en contra si considera que el decreto de vivienda se ha "descafeinado" para complacer a los sectores moderados. Sin los 4 votos de Podemos, la suma del Gobierno y el resto de socios (ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se quedaría en 167 votos, insuficiente para superar los 171 'Noes' de la derecha.
• Socios territoriales (ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC): ERC (7) y EH Bildu (6) exigen que las medidas habitacionales no se diluyan en la tramitación, mientras que el PNV (5) busca salvaguardar las competencias autonómicas en materia de suelo y urbanismo.

Frente a la votación definitiva, el Reglamento del Congreso abre tres escenarios procesales bien diferenciados para la suerte de los Reales Decretos-leyes:

• Derogación directa: Si los votos en contra superan a los votos a favor, el decreto decae con efectos inmediatos desde el momento de la votación, perdiendo toda validez jurídica y dejando sin efecto las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros (salvo los actos administrativos ya consolidados).
• Convalidación rotunda: Si los votos afirmativos superan a los negativos, el decreto queda integrado plenamente en el ordenamiento jurídico de forma definitiva y sin modificaciones respecto al texto publicado en el BOE.
• Tramitación como Proyecto de Ley (Vía intermedia): Una vez convalidado el decreto, la Cámara puede acordar (a petición de un grupo parlamentario) su tramitación como Proyecto de Ley por la vía de urgencia. Este camino permite a los grupos introducir enmiendas para modificar los aspectos más polémicos de la norma —como los porcentajes de veto a los fondos o los plazos de indemnización—, garantizando la supervivencia inicial del decreto a cambio de aceptar reformas en el debate parlamentario posterior.