Lectura fácil
Lima, 28 dic (EFE).- Los interrogatorios fiscales a los que fueron sometidos hoy el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder opositora Keiko Fujimori cerraron un año marcado por el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Perú.
Kuczynski y Fujimori fueron interrogados, por separado y en estricto privado, por fiscales que investigan esas denuncias en el país, el primero en el Palacio de Gobierno y la segunda en las oficinas del Ministerio Público en el centro histórico de Lima.
El gobernante recibió durante cuatro horas, en condición de testigo, a un equipo de fiscales anticorrupción encabezado por Hamilton Castro, encargado de las investigaciones del caso.
En el encuentro, en el que también participaron el abogado del presidente, Gonzalo del Río, y el procurador para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, Kuczynski respondió por la información de que una empresa suya ofreció consultorías a la constructora brasileña entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
Por este tema, un sector de la oposición en el Congreso presentó una petición de destitución del gobernante, que finalmente fue archivado el jueves pasado gracias a que una parte del fujimorismo, liderado por el legislador Kenji Fujimori, se abstuvo de votar.
Durante el debate de la petición de destitución, Kuczynski afirmó que estaba dispuesto a colaborar con todas las investigaciones del Congreso y la Fiscalía.
Keiko Fujimori, por su parte, también fue interrogada hoy durante cinco horas por el fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez sobre una presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
La líder de Fuerza Popular, el partido que controla el Congreso, llegó al edificio fiscal, en el centro histórico de Lima, mientras en la puerta principal un grupo de sus simpatizantes lanzaba arengas de apoyo.
Keiko acudió en la cuarta ocasión en que fue citada, ya que en las anteriores pidió que se reprogramen las convocatorias por diversos motivos, entre ellos para que su defensa pueda revisar el cuaderno fiscal.
En este caso, respondió por la anotación en una agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, que decía "Aumentar Keiko 500", además de por la financiación de su campañas electorales del 2006, 2011 y 2016.
Como parte de las diligencias, dos sedes de Fuerza Popular fueron registradas este mes por la Fiscalía ante la sospecha de que el partido fujimorista llevó una doble contabilidad, en la que aparentemente declaró donaciones falsas de personas particulares.
La hija mayor de Fujimori, quien fue indultado el domingo por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Las comparecencias del gobernante y de la líder opositora cerraron un año en el que el escándalo Odebrecht concitó casi toda la atención en el país, al implicar a exgobernantes y gran parte de la clase política nacional.
Desde que se comenzaron a conocer las confesiones de Marcelo Odebrecht y de su exrepresentante en Perú, Jorge Barata, ante la Justicia estadounidense y brasileña, el país vivió un año plagado de revelaciones sobre prácticas de corrupción que no han perdonado ni a un partido, ni a un Gobierno.
En Perú, el caso Odebrecht se ha centrado en seguir el rastro de los millonarios sobornos que la compañía brasileña admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por sobornos para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.
Añadir nuevo comentario