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Bruselas, 18 ene (EFE).- La Comisión Europea (CE) llamó hoy a los Estados de la Unión Europea a revelar los compromisos que han hecho países como Panamá para no entrar en la lista comunitaria de paraísos fiscales, pese a que no cumplen los requisitos sobre lucha contra la evasión.
"Pido a todos los Estados miembros que publiquen las cartas de compromisos que han recibido. Necesitamos que los ciudadanos, ONG, parlamentos y medios puedan ver los progresos que se han hecho", dijo en una rueda de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
El responsable comunitario instó a los ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho a que tomen esta decisión en el consejo que celebrarán el próximo martes, en el que está previsto que aprueben sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de su lista negra de paraísos fiscales apenas un mes después de aprobarla.
Estas jurisdicciones han presentado compromisos para enmendar sus regímenes fiscales, lo que les permitirá pasar a una "lista gris" en la que ya están otras 47 que no cumplen los requisitos comunitarios sobre fiscalidad justa, erosión de la base imponible o traslado de beneficios de un territorio a otro pero prometieron tomar medidas.
Moscovici consideró que los compromisos presentados por los citados ocho países son "bienvenidos" puesto que muestran que la lista negra ha conseguido que algunos de los países "se hayan dado cuenta rápido de que les interesa cooperar con la UE".
No obstante, el comisario instó a los países a adoptar sanciones "creíbles" para los Estados de la lista negra y abogó por que las instituciones y organismos europeos tengan vetado operar en estas jurisdicciones.
Además, señaló, existe el interrogante de qué puede hacerse en los Estados miembros, "porque en la UE no hay paraísos fiscales, sino agujeros negros fiscales, y legislación que hay que cambiar", dijo.
La UE aprobó en diciembre su primera lista de países terceros que no cooperan en materia fiscal, para lo cual los Estados miembros -encargados del proceso a través de un grupo de expertos fiscales cuyos trabajos no son públicos- analizaron 92 territorios, de los que 47 entraron en la lista gris y 17 en la lista negra.
Los países evaluarán a finales de 2018 si los territorios que han hecho compromisos los cumplen.
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