La corrupción y la mala gestión limitan el acceso de Rumanía a los fondos de la UE

Bucarest, 13 abr (EFE).- Corrupción, una burocracia lastrada por la herencia comunista y falta de capacidad profesional. Este parece ser el cóctel responsable de que Rumanía sea uno de los socios de la Unión Europea (UE) que menos aprovecha los fondos comunitarios, según los observadores consultados por Efe.

Los datos del Ministerio rumano de Fondos Europeos revelan que hasta enero pasado, Bucarest había accedido tan solo al 4,9 % (1.100 millones de euros) del total de 22.600 millones de los fondos estructurales y de cohesión que tiene asignado para el periodo 2014-2020.

Menos aún se ha hecho uso de los 4.300 millones de euros del programa dedicado a promover la cualificación profesional de la población e impulsar así el mercado de trabajo y la economía, pues su aprovechamiento ha sido hasta ahora prácticamente nulo.

El Ministerio no ha dado razones de la causa del bajo nivel de absorción de fondos, aunque ha indicado que se están tomando medidas para mejorar la situación en este país, uno de los más pobres de la UE y muy necesitado de las ayudas económicas pues sufre una seria falta de infraestructuras.

Un intento de mejorar el aprovechamiento es el caso de 800 millones de ayuda comunitaria para la construcción de 3 hospitales provinciales, que Bucarest debería devolver a Bruselas por haber incumplido el plazo máximo de tres años para iniciar las obras.

La jefa del Gobierno, la socialdemócrata Viorica Dancila, lanzó "un nuevo enfoque para acceder a los fondos" y evitar su reembolso, con un grupo de trabajo que recibirá ayuda técnica de la Comisión Europea, explica a Efe el Ministerio en un comunicado.

"La iniciativa de la primera ministra pasa por simplificar los procedimientos para obtener dinero comunitario", añade la nota.

Según la Fiscalía de Anticorrupción (DNA), las investigaciones penales por supuesta malversación de fondos europeos se han duplicado en los últimos dos años.

"La mayoría de las causas acaban en condenas firmes", asegura a Efe la DNA en un comunicado, que especifica que unas 300 personas fueron imputadas en 2017 por uso indebido de fondos comunitarios.

El líder del gobernante partido socialdemócrata PSD, Liviu Dragnea, que no ocupa el cargo de primer ministro por una condena por fraude electoral, se enfrenta a un proceso por malversación de fondos europeos tras una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

En un momento en que la Justicia rumana se ha embarcado en una intensa campaña contra la corrupción, resulta que precisamente la lucha contra esta lacra, de facto un progreso para el país, parece paralizar a muchos funcionarios temerosos de despertar sospechas de fraude o malversación de fondos si cometen el más mínimo error.

"Hay una falta de profesionalidad y, sobre todo, un patente miedo a responder por (eventual) delito de corrupción", explica a Efe una funcionaria pública con amplia experiencia en la gestión de dinero comunitario que pidió el anonimato.

"El funcionario se escuda en las complejas condiciones burocráticas para bloquear proyectos y así no verse implicado en un caso que le pueda llevar ante los tribunales", añade.

Arpad Harangozo, consultor de fondos europeos de la empresa Quark Management, explica a Efe que "existe el sentimiento de presunción de culpabilidad".

"No se examina un proyecto por su objetivo sino porque el funcionario no sea inculpado por la Fiscalía Anticorrupción", dice.

Harangozo se ha querellado contra el Ministerio de Fondos por no haber podido subir a Internet los numerosos documentos para tramitar una ayuda en la fecha límite, al disponer sólo de dos días, ya que el servidor se había caído.

"O bien el sistema informático tiene problemas o bien los empleados públicos no saben cómo funciona", se queja.

Por otro lado, algunos observadores advierten de que las administraciones locales han empezado a perder el interés por los fondos comunitarios porque prefieren el "dinero fácil" nacional.

"Para un proyecto europeo se requiere contratar a especialistas y entregar copiosos documentos, mientras que para solicitar dinero al Estado sólo se necesita rellenar un simple papel", cuenta a Efe Sorin Ionita, director del laboratorio de ideas Expert Forum.

Bucarest desea alcanzar una tasa de absorción del 72,5 % en 2020, con la esperanza de ingresar el resto hasta 2023, conforme a una normativa que permite gastar lo comprometido inicialmente como muy tarde tres años después.

Pero Ionita se muestra escéptico: "Si mantienes las leyes estrictas contra la corrupción, como se debe hacer, apenas habrá absorción" en Rumanía, concluye.