La eterna seducción del poder

Para muchas personas la inconfesable atracción que ejerce el poder sobre nuestros semejantes es una, si no la más completa, realización de las apetencias humanas. No en vano está clasificada entre las pasiones más poderosas que condicionan las acciones de los hombres  y constituye la esencia de la vocación política de la mayoría de aquellos que, individual o colectivamente, tienen aspiraciones a dirigir una sociedad. Evidentemente hay santos y personas entregadas a causas, pero no abundan entre aquellos que han ejercido efectivamente el poder de manera importante…

Tal evidencia histórica no suele reconocerse

Sistemáticamente se ha condenado a quienes han señalado la “lucha por el poder” como el verdadero fin de toda confrontación ideológica, disfrazada de justificaciones más o menos altruistas para encubrirla. Desde los faraones hasta el siglo XXI, siempre ha sido así, sin entrar en la hipocresía colectiva, no deja de ser una verdad tan evidente que produce hasta vergüenza tener que reconocerla.

A lo largo de la historia se han ensayado múltiples mecanismos, estructuras colectivas, para encauzar dicho instinto político de la mejor manera y que redunde en el  bien común. Sin entrar en las clásicas clasificaciones sobre las diferentes formas de estado, según que el poder lo tengan uno, varios o todos, que al final se reducen a que el control lo ejerza alguna forma de oligarquía, pues ni uno solo puede gobernar, ni todos, pues alguien debe representar la hipotética voluntad colectiva. A lo largo de la historia y a través del ancho mundo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos  que se han ensayado  todas las fórmulas. Son perfectamente conocidos los inconvenientes y ventajas de todos los sistemas; en última instancia es la calidad humana y competencia de quienes ejercen el poder quienes determinan la bondad o perversidad de cada modelo. Al cabo de  los años. Sin embargo, comparando resultados, creemos haber descubierto el definido como el “menos malo”.

Nos remontaríamos en primer lugar a nuestros antecedentes greco-romanos de areópagos y senados, tiranías, monarquías y repúblicas, luego es precisamente  a lo largo de la edad media europea, tras el período anárquico después del colapso del Imperio Romano de Occidente (No así el de Oriente) en que se desarrollan los primeros intentos de controlar de alguna manera al que ejerce el poder,  imponiendo consultas, restricciones y procedimientos legales, para que ese dominio tuviera limitaciones, más o menos significativas, individual y colectivamente: fueros, parlamentos, cortes, asambleas…

Tales controles se vieron seriamente constreñidos durante las etapas posteriores, en las que se impusieron unas formas, paradójicamente, tras el “renacimiento”, el triunfo del Estado Moderno y el racionalismo posterior,  más absolutistas a pesar de lo que con frecuencia se comenta en los mentideros actuales, exaltando los logros de esa etapa de la historia desde el punto de vista intelectual,  lo cual es cierto, pero no precisamente en el sentido de “democracia política” ni tolerancia. Es a finales del XVII, precisamente, en aquellas naciones en que sobrevivía el viejo concepto medieval del “Common Law”, es decir donde permanecía una legalidad consuetudinaria y la tradición como fuentes de derecho, en donde acaba por imponerse tales conceptos remozados, creando un sistema formal de controles al poder, encarnado en un régimen parlamentario, en el que mediante un sistema de elecciones restringidas se eligen los candidatos que habrán de ejercitar ese poder y un ejecutivo en forma de monarca. Queda pues establecido el trípode del sistema: Una ley constitucional, una división de poderes y un sistema de elecciones restringidas y nominaciones entre los parlamentarios.

Es importante señalar que para el éxito de dicho sistema,  las tres patas del mismo son  imprescindibles

 El desafío para este hipotético “mejor de los sistemas”, al que hemos denominado ahora “democracia”,  con el que nos enfrentamos en España, y en cierta medida hoy día en toda Europa, radica en conseguir la compatibilidad de un sistema de raíces liberales con las ideologías socialistas predominantes a partir del siglo XIX que poseen un profundo carácter totalitario. Paulatinamente, con la extensión del voto a toda la población,  y la aparición de esas ideologías de corte revolucionario, esos sistemas que buscan transformar el modelo de sociedad y de vida, unidas a la decisiva influencia que tienen los actuales medios de comunicación nos  sitúa en  una fase muy  crítica, al haberse perdido de vista los otros condicionantes de esta forma ideal de gobierno. Al aparecer de nuevo como único objetivo de la política la conquista del poder, por el medio que sea, a costa de lo que sea, para satisfacer los intereses ideológicos y personales en cuestión, el sufragio universal  se convierte en un supuesto muy peligroso de cara a la libertad de los ciudadanos. El equilibrio entre libertad e igualdad es fundamental para garantizar la convivencia pacífica, y esa no se consigue apoyándonos exclusivamente en un sistema de sufragio universal sin cortapisas.

Para que esto funcione sin conflictos graves es imprescindible que estén vigentes y operativas, con carácter inmediato, no afirmaciones utópicas, abstractas y generales, unas leyes básicas, que podríamos llamar “constituciones”, y que estas se traduzcan con sentido práctico en una legislación ordinaria, una normativa que esté por encima de cualquier consideración eventual, que proteja los derechos de las minorías frente a cualquier intento de abuso por parte de una hipotética mayoría. 

Abusando del sistema de mayorías y pactos electorales, este principio, por poner uno de varios posibles ejemplos, ha sido vulnerado  manifiesta y escandalosamente en los últimos años en España, en sus diversas  divisiones territoriales: se han establecido dictaduras lingüísticas y culturales, así como ideológicas contrarias a la constitución, que han provocado emigraciones a otras regiones o persecución tangible dentro de las mismas en cuanto a actuar y promocionar libremente dentro de esas circunscripciones. Igualmente habría que resaltar los asaltos al derecho de propiedad, impunidad en la ejecución de abusos y delitos contra la propiedad, la cuestionable legislación fiscal que llega a ser confiscatoria y la indefensión del ciudadano ante abusos de la administración, o contra la libertad de conciencia de muchos ciudadanos en materia de información y educación.

En segundo lugar es imprescindible igualmente un sacrosanto respeto a la división de poderes, el sistema judicial debe estar por encima de ideologías, no se puede tolerar la presencia constante en nuestros tribunales de esa aberración jurídica de “el uso alternativo del derecho”, la canalización de esas intenciones y sensibilidades tiene su escenario en el parlamente en el órgano legislativo no a nivel judicial. No se trata de que todos los jueces y magistrados tengan que pensar igual, o tener más o menos simpatías por unas u otras causas, sino que en el ejercicio de su función jurisdiccional tales criterios se mantengan al margen.

El sistema de elección y promoción de los jueces así como sus órganos de gobierno, debe estar a una clara y transparente distancia del ejecutivo. Algunas de las sentencias que hemos visto últimamente, y algunas que precisamente no hemos visto, apestan a política y esto desprestigia a todo el sistema judicial.  Como es evidente que esto no es así, una de las salvaguardas de un sistema “democrático” funcional,  que puede justificarlo, ha dejado de existir, por lo tanto: se está conjurando y poniendo en peligro la supervivencia del propio sistema.

En resumen, la coyuntura en la que nos encontramos, es que una vez más en la historia, estamos ante un tradicional y duro asalto al poder por parte de personas o grupos que pretenden acceder a un puesto de mando para llevar a cabo sus ambiciones personales o transformar a la sociedad según sus criterios ideológicos. Par ello utilizan  en lugar de las tradicionales mecanismos de control, el santo y seña, camuflado bajo la palabra “democracia”, que al haberse convertido prácticamente en un sistema de recuento de votos, ha perdido su sentido dentro del sistema parlamentario liberal. Si esto no se corrige no tardará mucho tiempo en aparecer quien ante tal profusión de incompetencia, ignorancia, ineficacia  e indecencia en las cúpulas, derivada de tal sistema electoral, cuestione los derechos del mismo a determinar quien gobierna. Como ideal, esta democracia con sus limitaciones, podría sobrevivir, y de hecho sería deseable que perdurase, pero necesita  dos muletas controladoras: una estricta división de poderes y unas leyes fundamentales, con las que todos, aunque no participen de ellas, las respeten. Si el poder de unas personas en una desenfrenada lucha por el dominio, arrasa los derechos de las minorías,  al final todo se reduce a ver qué oligarquía  va a gobernar:  que cada uno vea la que más le conviene…