La financiación autonómica, a la espera de incorporar Cataluña y de los Presupuestos

Madrid, 5 ene (EFE).- El Gobierno, los partidos y las comunidades tienen el propósito de cerrar en 2018 la reforma de la financiación, cuyas negociaciones se ralentizaron a finales de 2017 por la crisis catalana y que ahora está pendiente de un nuevo Govern, que incorpore a Cataluña en el proceso pero también de los presupuestos.

Para el Ejecutivo no cabe un nuevo modelo de financiación autonómica que no incluya a Cataluña, pero la negociación política, que podría empezar en las próximas semanas, requiere el mayor consenso posible y, sobre todo, sumar al PSOE y sacar adelante la financiación en los Presupuestos Generales de Estado de 2018.

Sin embargo, y en el peor de los escenarios, si el acuerdo no llega a tiempo de incorporarse a las cuentas públicas, pendientes de negociar, el nuevo sistema de financiación no tendría efectos económicos hasta el ejercicio de 2019.

Y en este 'impass' de espera, esta semana Hacienda ha remitido una carta a las comunidades en la que les anuncia que las entregas a cuenta del sistema de financiación de 2018 serán inferiores a las previstas, calculadas pensando en unos nuevos presupuestos.

Este anuncio ha suscitado duras críticas en el PSOE, que entiende que recortar de la financiación comprometida supone pagar con las comunidades la inestabilidad del Ejecutivo.

Pero además, las comunidades socialistas recuerdan que se han visto obligadas a elaborar los presupuestos de 2018 sin saber si el Gobierno mantendría los 3.700 millones de entregas a cuenta de julio o daría por buena la última actualización con un crecimiento a la baja que sitúa las entregas en 2.000 millones, 1.700 menos.

Los socialistas también han exigido al Gobierno que ponga ya sobre la mesa su propuesta de modelo de financiación para empezar a negociar.

Si bien todavía no hay propuesta, en los mensajes de fin de año, la mayoría de los presidentes autonómicos han coincidido en exigir que el nuevo modelo no se cierre sobre privilegios y, en ningún caso, premie la deslealtad.

También han coincidido la mayoría de las 15 autonomías de régimen común (la reforma no afecta a las forales País Vasco y Navarra) en denunciar la premura del Gobierno por tramitar la renovación del cupo vasco mientras aparcaban la negociación del nuevo sistema.

Cuando se cumple casi un año de la VI Conferencia de Presidentes (el 17 de enero de 2017 se acordó reformar la financiación), las líneas sobre las que se conformará el nuevo modelo siguen sin despejarse.

Para trazar esas líneas básicas se constituyó una comisión de 21 expertos, con representantes del Gobierno y de cada una de las comunidades de régimen común salvo Cataluña, para que en seis meses elaborasen un informe.

Aunque el desarrollo de las reuniones fue más lento de lo previsto, los expertos cumplieron su plazo y a finales de julio emitieron un informe en el que dotaban a las comunidades de mayor capacidad para fijar copagos e instaurar un IVA colegiado, es decir, que lo puedan subir o bajar de manera conjunta.

Introducían asimismo, a petición propia, una llamada al Gobierno para que se modificase la fórmula de cálculo de cupo vasco por entender que la actual es fruto del pacto político.

En el informe se apostaba por un gran acuerdo para financiar el Estado del bienestar, se pedía prudencia en las políticas de gasto y se abogaba por una mejora en la fiscalidad.

Después del verano, y con el informe en la mano, la reforma quedó prácticamente paralizada a expensas de que las comunidades evaluaran el texto de los expertos y emitieran sus propias conclusiones antes del 24 de noviembre.

Y lo hicieron, e independientemente de su color político coincidieron, entre otras cosas, en la necesidad de recaudar el 70 por ciento del IVA (frente al 50 por ciento actual) y en pedir que se reformule el cálculo del cupo vasco.

A un mes de las elecciones catalanas, la negociación se paralizó y se limitó a dos reuniones técnicas que, incluso los expertos, autores del informe, criticaron por suponer un retraso en las discusiones sustantivas y una forma de "marear la perdiz".

Pese a la ralentización del proceso, el Ejecutivo se comprometió a que con la reforma todos los ciudadanos tuviesen la misma capacidad en el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales, independientemente de su lugar de residencia.

Y a que en ningún caso derivara en un pacto fiscal específico para Cataluña o privilegio alguno.

Ahora, después de que el modelo vigente caducara hace varios ejercicios, el 2018 se configura como un año clave para dar con un nuevo sistema que satisfaga a todos.