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Cada día mueren 130 personas en el "laberinto burocrático" del sistema de la dependencia, esperando a recibir la respuesta de las administraciones, que tardan una media de 430 días.
En estos días se cumplen 15 años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Dejando al margen la guerra de cifras –bastante claras, en cualquier caso−, es sin duda difícil encontrar voces en el sector de la atención a las personas mayores, la discapacidad o la dependencia que se muestren satisfechas por la evolución de esta Ley.
Si ya en 2009 el grupo de expertos que se constituyó para evaluar la Ley y alertaba sobre sus debilidades, desde entonces el CERMI estatal. el sector de la atención a la dependencia, los sindicatos, el Tribunal de Cuentas, y hasta el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa han puesto de manifiesto –con mayor o menor virulencia− las debilidades e insuficiencias de este sistema.
El sistema de atención a la dependencia no ha cubierto las expectativas que generó
Podríamos hablar de oportunidad perdida de cara a la creación de un verdadero sistema de apoyo a las personas dependientes y a sus familias. Como ha señalado recientemente el CERMI, los propósitos con que nació la Ley se han visto en buena parte malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.
Cuando se cumplen 15 años de la aplicación de la Ley de Dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales urge al Gobierno y a las comunidades a acometer reformas que agilicen y simplifiquen los trámites que tienen "abandonados sin atenciones" a 423.265 personas que esperan un procedimiento.
A lo largo de 2021 han fallecido 43.381 personas en las listas de espera de la dependencia (26.212 dependientes con derecho a recibir prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado).
Según los datos oficiales publicados por el Imserso a 30 de noviembre, analizados por el Observatorio de la Dependencia de esta organización, el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos no conseguirán el objetivo del plan de choque de reducir en 60.000 la lista de espera, que ha logrado reducir en 26.278 personas (11,3 %) este año
Sí han aumentado las personas beneficiarias de prestaciones y servicios en 87.701 (7,2 %).
Situación por comunidades autónomas
Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (31,8 %), La Rioja (31,2 %) y Canarias (27,5 %); y las que menos, Castilla y León (0,15 %), Ceuta (3,3 %) y Navarra (4,1 %).
Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera un 36,7 % y 33,7 %, respectivamente.
A pesar del incremento presupuestario para la ley, Canarias (24,2 %), Murcia (14,1 %), La Rioja (12,5 %) y Cataluña (5,5 %) han aumentado la lista de espera en este año.
Respecto a las personas beneficiarias que reciben prestaciones, las regiones que más han aumentado han sido la Comunidad Valenciana (14,38 %), Asturias (14,24 %) y la Comunidad de Madrid (13,59 %).
Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias, y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%, señala esta evaluación.
La construcción de un modelo viable de atención a la dependencia, que dé respuesta a los retos que el envejecimiento y la crisis de los cuidados están teniendo ya sobre la sociedad española, requiere poner fin a la política de recortes desarrollada en los últimos años pero, también, una revisión profunda de las bases sobre las que se creó el modelo.
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