El Gobierno aprueba la Ley de Memoria Democrática y la envía a las Cortes

El Gobierno ha aprobado ese martes en el Consejo de Ministros la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica, para cuya tramitación parlamentaria no podrá contar con el PP, pese a que el Ejecutivo insiste en que solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

Sitúa a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria

La primera iniciativa legislativa que presenta el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pretende situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad y también equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.

Por tanto, el proyecto estrella de la socialista Carmen Calvo ha cosechado así el 'ok' final del Gobierno una vez la ex vicepresidenta primera está fuera del Ejecutivo, pues fue sustituida por Félix Bolaños el pasado 10 de julio. Una vez nombrado, el nuevo titular de Presidencia decidió retrasar la norma una semana, hasta este martes, cuando se aprobará un texto que genera rechazo tanto entre los aliados de los socialistas como entre la oposición.

Falta que el Gobierno recabe los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, de momento con algunas críticas desde la izquierda por verla “insuficiente” y sin las fuerzas de la derecha, ya que el PP ha anunciado que la derogará cuando gobierne y Vox anticipa recurso al Tribunal Constitucional.

Que los familiares recuperen por fin los restos de su allegados desaparecidos

No obstante, Bolaños aseveró al presentar el resultado de diez meses de retoques sobre el anteproyecto de septiembre de 2020, que “nadie puede estar en contra” del homenaje que supone a las víctimas del franquismo y a que los familiares recuperen por fin los restos de su allegados desaparecidos.

Entre los puntos a destacar del articulado, que sustituirá a la Ley de Memoria aprobada en 2007 por el Gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cabe señalar la tipificación como delito penal de la exaltación del franquismo, la imposición de multas a las administraciones públicas que no prohíban actos públicos que exalten la dictadura de Francisco Franco y el cierre de la Fundación que lleva el nombre del dictador.

A su vez, determina que la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo corresponderá a la Administración General del Estado, una tarea que se regula reglamentariamente y de forma transparente y que se regirá siempre por el principio de colaboración entre todas las Administraciones Públicas. Se habilita el mapa de localización de fosas se determinan los procedimientos y protocolos para iniciar la búsqueda y se crea un registro de víctimas y un censo de fallecidos.

Las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa

En la misma línea, se declara el carácter nulo de pleno derecho de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, por parte de tribunales de orden público, consejos de guerra y los dedicados a perseguir la masonería y el comunismo.

De igual manera, la nueva norma fija dos fechas oficiales para recordar a las víctimas del franquismo: El 31 de octubre para rendir homenaje a las víctimas “del golpe militar, la Guerra y la Dictadura” y el 8 de mayo para recordar a quienes sufrieron exilio fuera de España.

Asimismo, el documento establece la obligación de adoptar medidas en el ámbito de la memoria democrática, con reconocimiento a las mujeres, y mediante planes de Memoria cuatrienales. También se crea un Consejo Territorial de Memoria Democrática para favorecer la cooperación, entre otras muchas medidas.