Los funcionarios se manifestarán en febrero contra una subida salarial "escasa"

Madrid, 24 ene (EFE).- El sindicato CSIF ha anunciado hoy la convocatoria de una manifestación en Madrid el 24 de febrero, cuyo recorrido terminará ante el Ministerio de Hacienda, para mostrar su "rechazo" a la oferta "muy escasa" de subida salarial hecha ayer por el ministro Cristóbal Montoro.

El presidente del sindicato, Miguel Borra, ha anunciado esta convocatoria en la que esperan contar con el apoyo de los otros sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y de otros sectoriales para "defender" los servicios públicos, así como concentraciones el 31 de enero frente a las subdelegaciones de Gobierno y en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid.

Desde CSIF rechazan la oferta que Montoro reiteró en una reunión ayer que establece una subida fija del 5,25 % en tres años y que podría llegar al 8 % en caso de cumplirse los objetivos de déficit y consolidarse la recuperación económica.

Lo hacen ya que los funcionarios han perdido un 20 % de poder adquisitivo desde que comenzó la crisis y esta subida, a causa de la inflación, no garantiza que no sigan perdiendo capacidad de gasto en los próximos años.

Borra ha subrayado la importancia de los funcionarios y ha puesto como ejemplo la situación de Cataluña, donde los empleados de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno han tenido que hacer frente a una gran carga de trabajo.

El plan de subida a tres años estaría incluido en los próximos presupuestos generales del Estado, aunque de no sacarlos adelante, la revalorización de los salarios de los funcionarios se aprobaría mediante real decreto ejercicio a ejercicio.

En la rueda de prensa han reclamado que en el plan de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén también incluidos los sueldos del resto de funcionarios.

Otra de las reclamaciones del sindicato es el aumento de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) ya que desde el pico de enero de 2010, con 241.152 empleados públicos, se han destruido 38.807 puestos de trabajo, hasta los 202.345 de la actualidad.

"Hay provincias que no llegan a los 500 empleados públicos de la Administración central", ha denunciado Borra, que también ha reclamado un plan de choque para aquellos servicios con mayores necesidades (comisarías, DNI, SEPE, etc).