23/11/2020 - 08:00
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Miles de personas salieron este domingo 22 de noviembre a las calles de una treintena de ciudades españolas convocados por la plataforma Más Plurales, que aglutina a una veintena de organizaciones vinculadas con la educación concertada, para protestar contra lo que entienden un recorte de libertades y derechos que introduce la Lomloe, conocida como ‘ley Celaá’.
"No queremos recortes a la libertad de enseñanza"
“¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la pluralidad social en nuestro sistema educativo! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones! ¡Sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad!”, revindicaron los portavoces de la plataforma en la plaza de Cibeles de Madrid. Solo en la capital se sumaron a la protesta "más de 15.000 vehículos" conforme al cómputo de Más Plurales.
El naranja ha sido el color elegido para esta ‘marea’ que ya ha protestado ante el Congreso de los Diputados y en los centros concertados, para pedir que la Lomloe no elimine el castellano como lengua vehicular en la educación, no se ahogue a la red concertada, no se cierren los centros de educación especial ni se devalúe la asignatura de Religión, entre otras cuestiones.
#StopLeyCelaá
El rechazo a la Ley Celaá es un hecho, al menos en la calle. Bajo el lema 'Por el derecho a elegir la educación que queremos', los convocantes llamaron a la movilización con vehículos en provincias de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana.
La movilización de este domingo se ha sumado a las otras cuatro celebradas este mes de noviembre frente al Congreso y en los centros escolares, y se enmarca en el calendario de acciones previstas para intentar paralizar una ley que, a juicio de muchos, ha sido tramitada sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil.
La Lomloe abandona a los profesionales de la concertada y de la educación especial al no incluir ni una sola mejora para equiparar y mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo.
Tanto el PP como Vox ya han anunciado que recurrirán la nueva norma: la octava de la democracia
Por las calles de Madrid hicieron presencia, a pie o en coche, representantes del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Los populares, con su líder Pablo Casado al frente, avanzaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias esta ley “porque es mala para los estudiantes y mala para la unidad nacional”.
Así lo verbalizó Casado durante su participación en la protesta dentro de un coche familiar en el que él iba al volante y llevaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso en el asiento del copiloto. En la parte trasera se situaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
“Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno”, dijo Almeida, porque “en cuanto llegue al Gobierno de España derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y es pésima para la calidad educativa, que es la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España”.
Una posición similar expresó el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros que lideró la delegación de una docena de parlamentarios del partido de Santiago Abascal. En sus declaraciones también arremetió contra el Partido Popular y Ciudadanos porque permitieron la cesión de la educación a las comunidades autónomas, así como la inmersión lingüística y ahora protestan.
En representación de Ciudadanos estuvo la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quien denunció el “intrusismo” del PSOE en la “libertad” de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos con la nueva ley de Educación. Contra el boicot de la norma, instó a todas las fuerzas políticas a sentarse y dialogar para que haya una ley de Educación que “realmente surja del pacto” y no que está abocada al cambio cuando cambie el Gobierno.
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