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Hace 57 años, Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera y Stormé DeLarverie colocaron la primera piedra en el camino de la libertad y los derechos de las minorías. Dos mujeres transexuales y una lesbiana, todas racializadas, decidieron que estaban hartas de la persecución y esa madrugada del 28 de junio de 1969 se rebelaron contra los policías que entraron a hacer una redada en el bar Stonewall Inn, en Nueva York, contra los miembros de la comunidad.
Gracias a ellas, a quienes se les unieron y a quienes vinieron después, muchas capitales españolas y europeas celebran el Día del Orgullo. Se ven ondear banderas y jóvenes y mayores pueden marchar para dejar claro que las disidencias sexuales y de género son visibles y no van a retroceder. Sin embargo, la lucha diaria no ha acabado en absoluto, ya que el colectivo LGBTIQ+ sigue enfrentando complejos desafíos y severos peligros en múltiples rincones de la geografía internacional hoy en día.
El mapa global de la criminalización y la pena de muerte
Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están penadas legalmente en 65 países del mundo y en casi una decena se castiga con la pena de muerte. Estos son: Brunéi, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Afganistán, Uganda, Yemen y 12 provincias de Nigeria. En cuanto a las personas transexuales y no conformes con el género, hoy en día entre 13 y 14 países soberanos penalizan de forma explícita e inequívoca estas identidades en sus códigos penales.
Una treintena lo hacen de forma indirecta con leyes contra la vagancia, la alteración del orden público, la prostitución o la inmoralidad. Desde que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su Clasificación Internacional de Enfermedades, muchas naciones fueron despenalizando al colectivo. Sin embargo, esta tendencia se frenó en 2025.
El retroceso global y las nuevas amenazas para el colectivo LGBTIQ+
El número total de países que penalizaban actos sexuales volvió a crecer por primera vez en diez años. Recientemente, países que nunca antes habían criminalizado tales actos comenzaron a hacerlo. Uno de ellos es Ghana, que acaba de prohibir por ley las relaciones homosexuales. El castigo puede ser de cárcel, cadena perpetua o la muerte, expone Beatriz Martos, responsable de campaña por los derechos humanos en Amnistía Internacional España. Hablamos de una decisión que hace mucho más difícil la vida de unas personas que ya se tenían que esconder por el rechazo social y la discriminación. Cuando este tipo de legislaciones represivas aparecen, las personas de las minorías no solo tienen que preocuparse por las autoridades policiales, sino que los propios vecinos ejercen de delatores públicos.
Persecución institucional: Los casos de Estados Unidos y Argentina
Martos cuenta que el país donde más ha crecido la persecución estatal contra el colectivo es Estados Unidos. Se han aprobado 70 leyes orientadas a restaurar la verdad biológica contra las personas trans y sus derechos. Asimismo, se han retirado cientos de libros de bibliotecas y escuelas en los que se explican conceptos como la orientación sexual o la identidad de género. Hay claramente un ataque del Estado, lamenta la portavoz de Amnistía Internacional. Martos habla también de Argentina. Desde que Javier Milei asumió el poder, han aumentado de forma exponencial los discursos de odio basados en la moralidad y la familia tradicional. Un retroceso que llega acompañado del desmantelamiento de las políticas públicas orientadas a la inclusión, la no discriminación y a acabar con la violencia física, verbal o discriminatoria hacia el colectivo LGBTIQ+.
Censura moral y el impacto psicológico en las infancias
A Julia Ehrt, Directora Ejecutiva de ILGA World, le parece especialmente preocupante el aumento de leyes que prohíben cualquier representación positiva de la diversidad. En al menos 63 Estados miembros de la ONU, potencias reaccionarias criminalizan los delitos contra la moral y la religión, prohibiendo la propaganda de relaciones no tradicionales.
Utilizan leyes antipornografía para censurar contenido sobre diversidad sexual y limitan la educación sexual. Normas así dañan profundamente a las infancias, cuenta Lucas Platero, profesor de psicología y miembro del proyecto europeo CLICK, que estudia la adolescencia de la comunidad LGBTIQ+, las familias arcoíris y los centros educativos. Esto genera en los adolescentes un entorno crítico marcado por el miedo, el aislamiento, la vergüenza y la autocensura.
Restricciones al activismo y la represión en Europa Oriental
Los gobiernos impiden que las personas vean representaciones positivas de sí mismas, pero también limitan la labor de defensa de sus derechos. Situación que se ve obstaculizada por leyes que prohíben a las organizaciones registrarse formalmente en al menos 61 Estados miembros de la ONU.
La portavoz de ILGA World señala que estas disposiciones tienen un efecto disuasorio sobre los movimientos sociales y conllevan consecuencias graves como la detención, el encarcelamiento y la persecución de activistas del colectivo LGBTIQ+. Martos recuerda que Turquía es otra de las potencias donde no paran de retroceder estos derechos: desde 2015 está prohibido celebrar el Orgullo en Estambul. Rusia es otro país donde ocurre esto, habiendo calificado al colectivo como extremista, cerrando organizaciones y atacando locales de ambiente.
El preocupante aumento del odio en zonas seguras
El cuadro se oscurece también en los países donde las disidencias sexuales son legales o se protegen. Hasta en Europa, ciertos políticos siguen alimentando la hostilidad para su propio beneficio político, legitimando prejuicios y alientan la violencia. Platero pone de ejemplo la paradoja española.
España es uno de los países pioneros en derechos y protección legislativa. Sin embargo, se están batiendo récords de delitos de odio contra estas personas, sobre todo las transexuales. La agenda política conservadora las ha tomado como un blanco útil para movilizar pánicos sociales. Martos mantiene que la protección legislativa hace que las personas de la comunidad LGBTIQ+ se hagan más visibles, pero eso les hace estar más expuestas a agresiones impulsadas por discursos discriminatorios.
El fenómeno del 'sexilio' y la realidad del refugio
Las normativas y el clima social hacen que muchas personas acaben abandonando sus hogares por obligación o voluntad propia, un fenómeno que Platero define como sexilio. Algunos optan por moverse del entorno rural a grandes urbes dentro de su propia nación para obtener anonimato. Otros optan por cambiar de país y mudarse allí donde no existen esas restricciones, sufriendo desarraigo y soledad. Muchos acaban en España a través de Migrantia, ONG dedicada al acompañamiento de solicitantes de asilo. Su vocal Rusly Cachina explica que la mayoría huye de Rusia, Colombia o Venezuela. En Migrantia les preocupan especialmente las mujeres trans migrantes y los jóvenes expulsados de sus hogares, quienes buscan con urgencia un espacio seguro e inclusivo donde reconstruir su proyecto de vida con total dignidad, lejos del estigma social permanente y la violencia estructural que sufren las identidades del entorno LGBTIQ+ en sus países de origen.
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