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El Consejo de Ministros reactiva su ofensiva legislativa de carácter social en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Según desvela EL PAÍS este 19 de octubre de 2026, el Ejecutivo de Pedro Sánchez arranca una batería de «martes sociales» semanales en el Palacio de La Moncloa con la aprobación inminente de un Real Decreto que mejorará las cuantías y coberturas de cuatro colectivos asistenciales especialmente sensibles: los perceptores de pensiones de viudedad, las personas con incapacidad permanente, las víctimas del terrorismo y las supervivientes de la violencia de género. La maniobra busca situar la ampliación del escudo social en el centro del debate público a 40 días de los comicios, contrarrestando el desgaste político de las últimas semanas y marcando distancias frente al programa económico de la oposición.
El regreso de los «martes sociales», un blindaje normativo en plena antesala del 29N
La estrategia de los «martes sociales» reedita la fórmula parlamentaria y gubernamental empleada en anteriores convocatorias electorales para exhibir capacidad de gestión ejecutiva hasta el último minuto de la legislatura. Al operar a través de la potestad reglamentaria del Consejo de Ministros y la vía del Real Decreto, el Ejecutivo esquiva la parálisis derivada de la disolución de las Cortes Generales para tramitar medidas que no requieren convalidación parlamentaria adicional o que desarrollan mandatos pendientes de la legislación básica de Seguridad Social.
Con este movimiento coordinado entre los ministerios de Inclusión y Seguridad Social, Trabajo, Interior e Igualdad, el bloque de coalición pretende contraponer los hechos normativos a las promesas de campaña. La iniciativa persigue movilizar al electorado progresista y a las clases medias y trabajadoras, proyectando la idea de que solo la continuidad de la actual mayoría garantiza la suficiencia financiera de las prestaciones públicas más vulnerables.
Viudedad e incapacidad: actualización de bases reguladoras y adaptación laboral
El primer gran bloque del Real Decreto de los «martes sociales» impacta directamente en el régimen de la Seguridad Social para corregir asimetrías históricas:
- Mejora en las pensiones de viudedad: La norma contempla elevar de forma progresiva el porcentaje aplicable a la base reguladora para aquellas personas viudas mayores de 65 años con rentas bajas que carecen de otros ingresos complementarios. Esta medida atiende una reivindicación histórica de las asociaciones de pensionistas para evitar que el fallecimiento del cónyuge suponga un riesgo automático de exclusión para hogares con pensiones mínimas.
- Reformulación de la incapacidad permanente: Tras las recientes exigencias de la jurisprudencia comunitaria sobre la prohibición del despido automático por sobrevenir una discapacidad, el texto introduce mayores garantías de adaptación del puesto de trabajo antes de extinguir contratos, al tiempo que clarifica y amplía la compatibilidad entre el cobro de la pensión por incapacidad y el desempeño de actividades laborales adaptadas sin merma de la prestación.
Víctimas del terrorismo y de violencia machista, por la dignidad y agilidad asistencial
El segundo pilar de la reforma de los «martes sociales» refuerza los mecanismos de reparación económica y acompañamiento a víctimas de especial protección:
- Indemnizaciones y pensiones a víctimas del terrorismo: Se actualizan las tablas de compensación económica y las pensiones extraordinarias por actos terroristas, indexando sus importes para amortiguar el impacto de la inflación acumulada y agilizando los trámites administrativos ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior.
- Blindaje a las víctimas de violencia de género: El decreto mejora las ayudas de pago único previstas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para mujeres con especiales dificultades de empleabilidad, agiliza el reconocimiento de las pensiones de orfandad para los hijos e hijas de víctimas mortales y facilita el acceso prioritario al Ingreso Mínimo Vital y a subsidios asistenciales sin esperar a la firmeza de resoluciones judiciales.
El escudo de los «martes sociales» no se detiene por un calendario electoral: dignificar las pensiones de viudedad, proteger el empleo de las personas con incapacidad y respaldar a las víctimas del terrorismo y la violencia machista es un mandato irrenunciable de justicia pública.
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