Cerca de 90.000 saharauis podrían obtener la nacionalidad española y votar en las elecciones

Una profunda reconfiguración del mapa electoral español se gesta en los pasillos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. La reciente luz verde en primera lectura a una proposición de ley promete reparar una deuda histórica de casi medio siglo. Con el único voto en contra de Vox y las calculadas abstenciones del Partido Popular y Junts per Catalunya, la Cámara Baja ha tomado el testigo de una reivindicación impulsada originariamente por Izquierda Unida. De culminar con éxito su tramitación parlamentaria, la nueva normativa otorgará acceso directo al derecho al voto a una amplia comunidad que hasta la fecha permanecía en el limbo jurídico.

Las proyecciones iniciales elaboradas por los promotores de la iniciativa sugieren un impacto demográfico de gran calado. Entre 70.000 y 90.000 saharauis podrían cumplir los requisitos necesarios para regularizar su estatus e incorporarse de pleno derecho a los procesos electorales de España. Este cambio normativo no solo transforma la relación diplomática con la antigua colonia, sino que inyecta una masa considerable de nuevos electores en el censo.

Requisitos y facilidades para la obtención de la nacionalidad española

El texto legislativo fija criterios muy claros para acogerse a esta vía extraordinaria. La figura jurídica empleada será la carta de naturaleza, un mecanismo que permitirá solicitar la ciudadanía a todos aquellos nacidos bajo la administración colonial en el territorio del Sáhara Occidental hasta septiembre de 1977. La medida se extiende además a sus descendientes directos, garantizando un marco de restitución generacional.

Para aquellos residentes que ya se encuentran en suelo peninsular u ostentan distintos grados de permanencia, la propuesta legislativa introduce una modificación sustancial: el periodo mínimo de residencia legal exigido para optar a la nacionalidad española se reduce drásticamente, pasando de los diez años que contempla el régimen general a tan solo dos. Este trato preferencial equipara el estatus de la población saharaui al que ya disfrutan los ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

Esta agilización de trámites contrasta notablemente con los sobresaltos judiciales que atraviesan otros marcos de reparación histórica. Mientras la iniciativa sobre el Sáhara avanza, la revisión cautelar por parte del Tribunal Supremo sobre el censo de descendientes del exilio franquista —amparados bajo la Ley de Memoria Democrática— pone de manifiesto el riguroso celo sobre la ampliación del cuerpo electoral. Sin embargo, en el caso de la comunidad saharaui, la obtención de la ciudadanía derivará de forma natural en el pleno ejercicio de los derechos políticos.

El peso del censo histórico y la vía de las Naciones Unidas

Para comprender el volumen de beneficiarios potenciales es preciso remontarse a los registros oficiales de la época colonial. El censo español elaborado en 1974, justo antes del repliegue de la administración peninsular, contabilizó a 74.907 habitantes en la provincia saharaui. Esta cifra ha sido históricamente la referencia inequívoca que el Frente Polisario reclamaba como base legítima ante cualquier consulta autodeterminativa.

Posteriormente, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) llevó a cabo un exhaustivo proceso de verificación entre 1999 y 2000. Tras el periodo de identificación, la lista de votantes reconocidos se amplió hasta alcanzar los 84.000 potenciales electores. Este último desglose es el que permite hoy afinar las estimaciones para conceder la nacionalidad española a quienes conservan los vínculos documentales con la antigua metrópoli.

La distribución geográfica actual de estos futuros ciudadanos presenta, no obstante, complejidades logísticas. Gran parte de las personas que reúnen las condiciones no residen hoy en el territorio originario, sino en los campamentos de refugiados situados en la región de Tinduf, en Argelia. El paulatino desplazamiento forzado por el conflicto geopolítico distanció a miles de familias de su tierra natal, haciendo que la tramitación del reconocimiento de la nacionalidad española deba articularse a través de una red consular adaptada a estas circunstancias excepcionales.

Geopolítica del Magreb y la efectividad de la nacionalidad española

El encuadre internacional en el que se produce esta decisión parlamentaria es sumamente delicado. Con la mirada puesta en la próxima retirada del personal de la Minurso de la zona en conflicto, el control sobre el territorio por parte del Reino de Marruecos se afianza gracias al respaldo diplomático de Estados Unidos y de diversas potencias europeas. En este escenario, la oferta para otorgar la nacionalidad española a los saharauis surge como un elemento de ponderación en las complejas relaciones multilaterales de Madrid.

Desde ciertos análisis estratégicos se señala que la naturalización ya se valoró años atrás como un contrapeso social y jurídico ante el giro diplomático sobre el plan de autonomía del territorio. Aunque parte de la población saharaui ha rechazado tradicionalmente acogerse a identidades ajenas para evitar menoscabar la causa nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, la opción de acceder a la nacionalidad española representa un salvoconducto de protección frente a la apatrida y una garantía legal de movilidad internacional.

Sorprendentemente, la medida no ha dejado de levantar ampolla en el plano diplomático vecino. Pese a que algunos analistas teorizaban que una integración legal en España podría diluir las reivindicaciones locales en la zona en disputa, Rabat ha reaccionado con severidad. Las autoridades marroquíes no tardaron en calificar la medida tramitada en el Congreso como una iniciativa desafortunada que contribuye a alimentar la discordia bilateral.

El debate legislativo continuará su curso en el Senado antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. Hasta entonces, decenas de miles de personas permanecen a la espera de un cambio normativo que promete devolverles los lazos jurídicos con el Estado español y otorgarles, por primera vez, voz y voto en la soberanía popular.