Nicaragua abandona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a un informe sobre violaciones de derechos humanos.

El gobierno de Daniel Ortega ha decidido retirar a Nicaragua de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de que un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua recomendara demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación de nacionalidad a cientos de ciudadanos nicaragüenses.

Decisión soberana e irrevocable en Nicaragua

La copresidenta del país, Rosario Murillo, anunció la decisión mediante medios oficiales, destacando que se trata de una medida "soberana e irrevocable". Murillo, esposa del presidente Ortega, informó que la salida de Nicaragua ha sido formalizada a través de una carta dirigida a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La misiva fue firmada por el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke.

Según Murillo, esta determinación responde al informe del Grupo de Expertos de la ONU, que acusa al Ejército nicaragüense de haber participado activamente en la represión de las protestas que estallaron en abril de 2018, incluso cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Además, el informe denuncia que el gobierno de Ortega ha eliminado los últimos controles sobre su poder, recurriendo a graves violaciones de los derechos humanos.

Creación de un ejército paramilitar

En paralelo a la salida del Consejo de Derechos Humanos, el régimen sandinista ha implementado una nueva estrategia de seguridad con la juramentación de 30.000 civiles como "policías voluntarios". Este grupo, según la oposición, está conformado por paramilitares destinados a reforzar la represión política.

Los nuevos efectivos fueron presentados en la Plaza de la Fe, en la capital, Managua, donde, vestidos con camisetas blancas y pantalones negros, realizaron el juramento con la mano en alto ante Ortega y Murillo. "Tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrilleros de la paz", declaró Murillo.

Reestructuración de las fuerzas de seguridad

La creación de esta "policía voluntaria" es parte de una reforma constitucional aprobada el 30 de enero por un Congreso controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En las últimas semanas, aproximadamente 50.000 personas han sido incorporadas a este cuerpo auxiliar de apoyo a las fuerzas de seguridad del gobierno.

El informe del Grupo de Expertos de la ONU advierte que el gobierno de Nicaragua ha reclutado a excombatientes, militares y policías retirados, así como jueces y empleados públicos, para formar parte de esta nueva estructura de seguridad. Expertos en derechos humanos han señalado la similitud entre esta "policía voluntaria" y los grupos enmascarados que participaron en la represión de las protestas de 2018. Reed Brody, uno de los investigadores del informe, comentó a la agencia AFP que este nuevo cuerpo recuerda el papel de los grupos paramilitares que protagonizaron la violencia estatal en aquel año.

Reacciones internacionales

La decisión de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y la creación de un nuevo cuerpo paramilitar han generado preocupaciones en la comunidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el deterioro de las garantías fundamentales en el país y han instado a organismos internacionales a tomar medidas ante lo que consideran una creciente militarización de la represión política en Nicaragua.