Las autonomías que están recibiendo más solicitudes de estos desplazados son Madrid (14.709), Cataluña (14.377), Comunidad Valenciana (13.155), y Andalucía (11.236).
La futura reforma de la Ley general de discapacidad prohibirá los actos en los que se denigra públicamente a las personas con discapacidad y destinará el importe de las sanciones que se impongan por discriminación a hacer accesibles los servicios públicos.
