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Bruselas, 19 dic (EFE).- La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, publicó hoy una lista de "buenas prácticas" para enmendar las normativas contra el acoso laboral en instituciones y agencias europeas, entre las que apuntó la posibilidad de denegar el derecho a una pensión a los altos cargos que cometan este delito.
La Ombudsman revisó las políticas contra el acoso de las instituciones europeas principales salvo la Comisión Europea, así como del Tribunal de Justicia de la UE, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Banco Central Europeo, Europol y varias agencias comunitarias.
El informe, publicado hoy, señala que todas las entidades comunitarias deben contar con "procedimientos formales e informales" para abordar estos casos y subraya en particular el "desequilibrio de poder" que se produce cuando el acosador es un alto cargo, como un comisario o un juez.
Para estos casos, O'Reilly sugiere "reglas más exigentes" para los altos cargos, como la jubilación obligatoria o la eliminación de su derecho a una pensión, una posibilidad que ya recogen las reglas internas del Tribunal de Cuentas comunitario.
"Si bien las instituciones europeas en general tienen buenas políticas contra el acoso, el informe señala que se puede y se debe hacer más para alinearlas con las expectativas de una sociedad que ha vivido el movimiento #MeToo", expresó la Ombudsman.
Otras medidas que propone el informe de la defensora incluyen permitir a los becarios plantear quejas formales sobre acoso y la creación de un grupo común de investigadores independientes con los que todas las instituciones puedan contar durante una indagación formal.
"Todos los espacios de trabajo pueden verse afectados por el acoso. Lo que diferencia a un lugar bueno es que tenga una cultura de tolerancia cero al acoso y que el personal esté informado sobre sus derechos y dispuesto a actuar", concluyó O'Reilly.
Las recomendaciones de este informe serán tenidas en cuenta ante posibles futuras quejas que reciba la Ombudsman sobre acoso laboral en las instituciones comunitarias.
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