Estas son las nuevas oposiciones que propone el Gobierno a partir de 2023

El nuevo Anteproyecto de Ley de la Función Pública deja la puerta abierta a tres vías para acceder a ser funcionario a través de nuevas oposiciones.

Se trata de la norma que impulsará la implantación de un modelo de recursos humanos público basado en las competencias y que favorecerá la atracción y retención del talento, con el que se pretende dotar a la Administración de un marco normativo que permita dar respuesta a los actuales retos de la sociedad, reforzando el papel de liderazgo renovador de la Administración del Estado.

La igualdad, el diálogo social y el aprendizaje durante toda la carrera profesional son los principios transversales que inspiran la ley. Su puesta en marcha estaba incluida en el componente 11 del PRTR y vinculado ala medida ‘Refuerzo de las Capacidades del Empleo Público’.

Junto a algunas medidas aplaudidas por los propios funcionarios, hay un punto que ha generado una gran polémica: la posibilidad de que el personal funcionario pueda ser cesado de su puesto en función del resultado que consigan en una "prueba de desempeño". Si bien en ningún caso la nueva legislación, abierta aún a posibles cambios, plantea la expulsión de la función pública del trabajador.

Oposiciones 2023: Novedades

Ante resultados negativos continuados, los empleados que han obtenido su puesto por concurso podrán ser apartados "por no cumplir de forma adecuada con sus tareas, si su rendimiento es insuficiente o no pueden actuar con las exigencias que se piden para el cargo". Con esto, la reforma traslada la lógica de la rendición de cuentas al aparato administrativo y se valorará periódicamente la conducta profesional, midiendo el rendimiento o el logro de resultados de los trabajadores con diferentes incentivos, como la creación de dos nuevos complementos salariales basados precisamente en su evaluación de desempeño y su evolución profesional, y penalizaciones. Entre ellas, "la no valoración del mérito de experiencia durante el correspondiente periodo en los procesos de selección y provisión a los que concurra" o "la remoción del puesto obtenido por concurso". 

Y es que si algo caracteriza esta reforma del empleo público es su empeño en mejorar la productividad administrativa. Para ello, el texto apuesta por elaborar una planificación estratégica en base a objetivos para poder evaluar el procedimiento con el mayor rigor posible. Esto permitirá adaptar la selección de personal a las necesidades de las organizaciones. Además, la evaluación de desempeño será obligatoria y valorará la conducta de los trabajadores, asegurando que su carrera profesional se adecúe al cumplimiento de sus funciones. 

Nuevas bonificaciones complementarias

La primera es el complemento de carrera, cuya cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido.

El otro será el complemento de desempeño y el acceso al mismo estará vinculado a la superación de las pruebas planteadas en base al rendimiento durante la carrera profesional.

Tanto CCOO, UGT y el CSIF se oponen rotundamente a estos pluses salariales y están trabajando para presentar sus propias propuestas. Denuncian la "falta de diálogo social y la unilateralidad" del Gobierno a la hora de sacar adelante el anteproyecto. Asimismo, señalan que la norma "carece de concreción y las debidas garantías en aspectos como la carrera profesional, la movilidad o el teletrabajo". 

Entre las grandes reformas incluidas en la futura ley para los opositores está la apuesta por un modelo de acceso algo diferente a través de oposiciones a la Administración, basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por esto, además, el Gobierno propone un modelo mixto que estará basado en los conocimientos para superar el acceso y en la evaluación de competencias profesionales. Otro de los cambios significativos que introduce la ley es que "los procesos se celebrarán en todo el territorio. Una reforma que facilitará la democratización en el acceso, al optar por un modelo social que garantice la diversidad".

Por último, la ley también regula la carrera profesional horizontal para permitir la promoción profesional interna

Esto es, unos ascensos que se concederán en función de la trayectoria, las evaluaciones o el seguimiento de un itinerario de formación especializada.

Esta modificación también ha sido fuente de críticas, sobre todo de aquellos que han tenido que pasar pruebas obligatorias por la vía de promoción vertical. Acusan al Gobierno de facilitar demasiado el acceso a los niveles más altos y apuntan que podría haber quienes puedan promocionar internamente con peores calificaciones que quienes entren oposiciones por primera vez.