27/02/2019 - 20:01
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Managua, 27 feb (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles una polémica reforma a la Ley de Concertación Tributaria con la que busca fondos para enfrentar la estrepitosa caída de la economía a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado.
Las reformas fiscales, que son rechazadas por el empresariado, fueron aprobadas con 69 votos a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 15 en contra de los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Partido Conservador (PC), y la abstención de 5 diputados de diferentes partidos.
Las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Daniel Ortega elevan el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, así como las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
El objetivo del Gobierno es recaudar 10.168 millones de córdobas (312 millones de dólares), el equivalente al 2,3 % del producto interno bruto (PIB), en un intento por paliar la abrupta caída de la economía, de un 4 % en el 2018 en comparación con el año anterior, a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
Los diputados sandinistas argumentaron que las reformas son la única manera de garantizar el gasto público en medio de la crisis.
El PCL, que emitió un voto en contra razonado, sostuvo que la medida tendrá un resultado negativo, ya que impacta los productos de la canasta básica y "provocan un encarecimiento de los costos de producción", lo que podría causar un daño peor a la economía nicaragüense.
Las reformas fueron aprobadas este miércoles, luego de tres aplazamientos de su discusión en el Parlamento y en medio de la confusión creada por la liberación desordenada de una parte de las personas presas por protestar contra Ortega, y del inicio de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición para superar la crisis.
Las reformas fueron precedidas por cambios en la seguridad social que entraron en vigor el pasado 1 de febrero, que elevaron las cuotas de las patronales y los empleados, la cantidad de semanas cotizadas para el retiro, y que bajan el monto de las pensiones.
Esas reformas han sido rechazadas por casi todos los sectores de la sociedad nicaragüense, que han advertido que no resuelven el problema de fondo, como es la crisis sociopolítica.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. EFE
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