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La diplomacia global y el activismo por los derechos humanos confluyen en una premisa incontestable: los cuerpos y los derechos de las mujeres siguen siendo los primeros territorios colonizados y violentados en cualquier escenario de conflicto armado. La entrevista a Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, publicada por la plataforma Efeminista, pone el dedo en la llaga de la geopolítica internacional al afirmar que la paz no es la ausencia de guerra, sino el único marco jurídico y social capaz de asegurar la integridad de la mitad de la población mundial.
Festejamos que voces de este calibre sitúen la agenda de "Mujeres, Paz y Seguridad" en el centro del debate global. Sabe mucho mejor una diplomacia que previene el estallido de la violencia y democratiza las mesas de negociación que un orden internacional que se limita a contabilizar los daños humanos tras el desastre.
La paz como infraestructura de derechos va más allá de la ausencia de conflicto
La tesis central de Belén Sanz para ONU Mujeres redefine el concepto de seguridad internacional desde una perspectiva de género. Tradicionalmente, la seguridad se ha entendido bajo un prisma militarista y estatal: la defensa de las fronteras, el gasto en armamento y el equilibrio de poder entre ejércitos. Sin embargo, para las mujeres de todo el mundo, este enfoque ha demostrado ser históricamente fallido. El rigor sociológico confirma que los periodos de pre-conflicto, guerra y post-conflicto desatan una degradación inmediata de los servicios de salud, educación y justicia, dejando a las niñas y mujeres en una situación de desamparo absoluto.
Consideramos que la paz debe ser entendida como la infraestructura básica sobre la que se construyen y sostienen los derechos humanos. Cuando un tejido social se quiebra por la violencia, las primeras estructuras en colapsar son las redes de protección contra la violencia de género, los juzgados de familia y los servicios de salud sexual y reproductiva. La paz, por tanto, no es un ideal idílico o un fin abstracto; es el nivel más alto de garantía jurídica y física que un Estado y la comunidad internacional pueden y deben ofrecer a las mujeres para asegurar su supervivencia y desarrollo.
El papel de las mujeres en las mesas de negociación: la paz sostenible
Un aspecto crítico abordado por la representante de ONU Mujeres es la alarmante exclusión de las mujeres de los procesos formales de paz. Históricamente, las mesas donde se firman los armisticios y se rediseñan las constituciones de los países tras las guerras han estado ocupadas de forma abrumadora por los mismos actores masculinos que empuñaron las armas. Esta anomalía democrática provoca que los acuerdos resultantes ignoren sistemáticamente las necesidades específicas de las víctimas, la restitución de tierras a las viudas o la persecución penal de los crímenes de violencia sexual utilizados como arma de guerra.
La transparencia de los datos de Naciones Unidas demuestra una correlación matemática incuestionable: aquellos acuerdos de paz en los que las mujeres participan de manera activa como negociadoras, mediadoras o firmantes tienen un 35 % más de probabilidades de durar al menos 15 años en comparación con aquellos diseñados de forma exclusiva por hombres. La inclusión de las mujeres aporta una visión holística de la reconstrucción social, priorizando la justicia transicional, la educación, el acceso al agua y el desarme comunitario por encima del reparto de cuotas de poder militar. Sabe mucho mejor un proceso de paz que nace de la base social y cuenta con la voz de sus líderes comunitarias que un pacto de despachos entre señores de la guerra.
De la violencia sexual al exilio forzado
No se puede articular una estrategia de protección efectiva sin asumir el impacto diferenciado que los conflictos armados imponen sobre la población femenina. La violencia criminal, las guerras civiles y las tensiones geopolíticas contemporáneas utilizan de manera deliberada el cuerpo de las mujeres como un campo de batalla ideológico y militar. Las violaciones sistemáticas, los matrimonios forzados y la trata de personas con fines de explotación sexual no son daños colaterales de la guerra; son tácticas de guerra planificadas para destruir la moral y la cohesión de las comunidades enemigas.
Además, las crisis humanitarias derivadas del conflicto penalizan doblemente a las mujeres en los campos de refugiados y en las rutas de migración forzada, donde quedan expuestas a redes de criminalidad organizada ante la ausencia de corredores humanitarios seguros. La prevención de estas atrocidades exige que los organismos multilaterales abandonen las respuestas reactivas y financien de manera decidida a las organizaciones feministas locales, que son las primeras en sostener los sistemas de alerta temprana y en ofrecer refugio cuando las instituciones estatales colapsan bajo el peso de las armas.
Garantizar los derechos de las mujeres en el diseño de la paz no es un acto de benevolencia internacional; es el requisito científico y político indispensable para que la paz sea real, justa y duradera.
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