Las familias afectadas por la erupción en La Palma se enfrentan a pérdidas millonarias

La erupción del volcán en La Palma ha traído consigo al menos dos paradojas. Una es cómo un espectáculo visual tan asombroso se ha convertido en poco tiempo en una desgracia humana; la otra es cómo, mientras muchos habitantes de la isla luchan por no perder su vivienda, otros rezan porque la lava no espante a los turistas.

Mientras los vecinos de La Palma siguen más pendientes que nadie de si el volcán Cumbre Vieja sigue aumentando sus bocas  y del recorrido de sus ríos de lava, que continúan barriendo casas, carreteras y cultivos, nuevos cuatro terremotos de entre 2,2 y 4,1 de magnitud volvieron a sacudir la isla en la madrugada de ayer, indicador de que seguirá activo.

La impotencia ante el desastre y la incertidumbre de qué será de sus viviendas y de ellos mismos desencadenó escenas de dolor y rabia en lugares como Todoque (Los Llanos) y Tacande (El Paso). Algunos no podían contener las lágrimas mientras retiraban fotografías que colgaban de las paredes, y frigoríficos, muebles y ropa. 

La agricultura en la isla de La Palma se ha visto fuertemente golpeada en los últimos meses por los fenómenos naturales. Tras la ola de calor del pasado mes de agosto, cuyas temperaturas inusualmente cálidas provocaron el siniestro por golpe de calor más grave de la historia de las Islas Canarias –las indemnizaciones previstas superan los 10 millones de euros, según Agroseguro–, los campos de plátanos se enfrentan a la erupción volcánica en la isla que comenzó este domingo. Los daños provocados por las coladas de lava, que arrasan todo a su paso, de momentos son imposibles de cuantificar.

La lava, además, ha descendido desde las bocas volcánicas hasta la costa, que es donde se encuentran las plantaciones más valiosas por la calidad de los productos, cerca de 170 hectáreas aseguradas de uva de vino, aguacate, planta viva y hortalizas.

Los daños causados por el volcán superan el importe de los 400 millones de euros

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha calculado que los daños superarán por mucho los 400 millones de euros.

Carreteras, redes hidráulicas, colegios, alojamientos provisionales... los ríos de magma han arrasado con todo a su paso. Además de daños en las plantaciones agrícolas de las que viven muchos habitantes de La Palma, va a haber daños importantes en las viviendas. Sin embargo, por el momento, se desconoce qué tipo de ayudas serán las que pueden ofrecer las autoridades canarias.

La lava cubre ya unas 103 hectáreas de terreno, según muestran las imágenes de satélite del servicio europeo Copernicus. Alrededor de 6.000 personas han sido evacuadas, de ellas 50 con movilidad reducida. La buena noticia es que no ha habido ningún daño personal.

“Nos hemos quedado sin casa. Todo lo que tenemos son tres maletas de ropa”

El HuffingtonPost recoge varias declaraciones de afectados por el volcán que nos dejan la piel de gallina:

“La lava ha engullido mi casa”. Así, con la voz entrecortada, describe Omaira el estado de su vivienda tras la erupción del volcán en la isla de La Palma. “No hay palabras para definir esta situación ni sé cómo tiraremos para adelante”, añade.

"Había mucho movimiento sísmico desde la madrugada. A mediodía puse la televisión y vi entonces que ya había erupcionado. Se lo comenté a mi pareja y creíamos que, como decían en las noticias, sería a más de 5 kilómetros de donde estábamos. Pero al asomarnos a la ventana nos encontramos con que estaba sucediendo detrás mismo de nuestra vivienda. Entramos en pánico. Cogimos a la niña, el gato y salimos corriendo”, relata.

"Todo lo que tenemos son tres maletas de ropa. No nos dan información. Lo que sabemos es por las noticias y entendemos que las autoridades están al pie del volcán, pero solo escuchamos estupideces. Nos dicen que no nos preocupemos pero sabemos que no hay nada que hacer”, lamenta Yurena, de Las Manchas.

Somos nosotros los que estamos contactando con las aseguradoras, y también los bancos nos están llamando”.

A todo ello se suma la imposibilidad de acceder a la zona de trabajo o de llevar a los niños al colegio. “Tanto nuestro empleo como la escuela de los niños han quedado sepultados. La carretera obviamente también está cortada, así que de cualquier forma, tampoco podríamos acceder. Estamos con una mano delante y una detrás. Nos esperan meses de incertidumbre”, describe Yurena.

La Palma ya es zona catastrófica

La situación es tan desalentadora y las pérdidas materiales tan elevadas que el presidente Pedro Sánchez, que permanece en La Palma desde el domingo, anunció que el Consejo de Ministros puso en marcha ayer la declaración de La Palma como zona de emergencia de Protección Civil ante los estragos que está ocasionando el volcán.

Esta herramienta fue la utilizada para responder ante el temporal Filomena, en enero de 2021, y se aprobó en el Consejo de Ministros unos diez días más tarde para ocho comunidades autónomas que lo habían solicitado previamente. 

Las ayudas de Interior por siniestros o catástrofes —otros ministerios despliegan otras ayudas puntuales—, por lo tanto, están sujetas a la previa declaración y están abiertas a los ciudadanos en los siguientes casos:

• Ayudas a unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños materiales en viviendas y enseres.
• Ayudas a unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños personales
• Ayudas a personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente para la prestación de bienes y servicios.
• Ayudas a corporaciones locales.
• Ayudas a comunidades de propietarios.
• Ayudas a personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su parte, informó de que solicitó que se activen los fondos europeos de solidaridad, durante la reunión telemática que mantuvo con la comisaria de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira.

Torres explicó que se cumplen las condiciones para acogerse a estos fondos, ya que en el caso de las regiones ultraperiféricas los daños ocasionados deben suponer un 1 % del PIB de la comunidad, es decir 400 millones de euros, y está claro que se superarán.