El colectivo de personas con discapacidad es el más afectado por la pandemia en todo el mundo

Naciones Unidas ha denunciado en el marco de esta pandemia que los 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo están siendo los más afectados por la pandemia del coronavirus. Además, pidió a los gobiernos que establezcan las medidas necesarias para llevar a cabo una respuesta al COVID-19 "inclusiva para todo el mundo".

"Las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, sufren tasas mayores de violencia, abandono y abuso. La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas", dijo en un mensaje audiovisual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo del lanzamiento del informe 'Respuesta inclusiva de discapacidad a la COVID-19'.

El máximo representante de Naciones Unidas subrayó que las personas que conviven con alguna discapacidad, están entre las más afectadas por la enfermedad, y que además se enfrentan a una falta de acceso a la sanidad pública y a importantes barreras para implementar medidas de higiene básica.

Como evidencia de la precaria situación que este sector de población tiene que hacer frente durante esta pandemia provocada por coronavirus, Guterres apuntó que el número de fallecimientos en residencias de ancianos representa desde un 19 % de las muertes en algunos países hasta un "increíble" 72 % en otras naciones.

Variables de acceso a tratamiento

"En algunos países las decisiones del racionamiento de la sanidad están basadas en criterios discriminatorios como la edad o la suposición sobre la calidad o el valor de una vida basándose en una discapacidad. No podemos permitir que esto continúe", instó el diplomático portugués.

"Debemos garantizar la igualdad de derechos de la gente con discapacidades de acceso a cuidados sanitarios y procedimientos que les salven la vida", agregó.

Guterres habló además de que este sector de la población ya se enfrentaba a la exclusión del mundo laboral antes de la crisis, por lo que tienen mayor probabilidad de perder sus puestos de trabajo, lo que se suma a que solo el 28 % de las personas con discapacidad tiene acceso a ayudas del gobierno, que en el caso de países en vías de desarrollo se reduce al 1%.

En este sentido, en España, diversas entidades del sector, comienzan a levantar la voz

Se trata del grupo de población más vulnerable en edad laboral, del que antes se prescinde (en este caso, por motivos de salud), y de difícil incorporación de forma habitual al mundo laboral.

El secretario general de la ONU subrayó también el mayor riesgo de violencia doméstica a la que se enfrentan las mujeres y niñas durante la epidemia. A este respecto, desde las organizaciones sociales españolas, se instó al Gobierno a preparar un plan que proteja a la mujer y niña con discapacidad. En días de confinamiento, la mujer que convive con el maltratador, tiene una posición en clara desventaja y la situación de la mujer con discapacidad es mucho más compleja al estar limitada en casa y con restricciones para salir a la calle.

"Urjo a los gobiernos a que las personas con discapacidades estén en el centro de la respuesta a la COVID-19 y en los esfuerzos de recuperación, y a consultar y comunicarse" con ellos, pidió Guterres.

En España, la Plataforma del Tercer Sector, ha pedido comparecer en la Comisión por la Reconstrucción a través de una carta enviada al presidente. Son muchas las demandas y necesidades del sector en un momento en el que, tal y como indicaba la presidenta de la ONG Candelita, Gema de la Hoz, hay que actuar rápido, los cambios sor urgentes y las personas vulnerables hoy lo serán mucho más, mañana.

"Cuando aseguramos los derechos de las personas con discapacidades estamos invirtiendo en un futuro común", insistió, después de recordar que el año pasado la ONU lanzó su estrategia de inclusión para este colectivo.

En concreto, el informe 'Respuesta inclusiva de discapacidad a la COVID-19' indica que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, y que el 80% de ellos reside en países en desarrollo.

Revela además que el 46 % de las personas por encima de 60 años están en esta situación, y que una de cada cinco mujeres probablemente lo estarán en algún momento de su vida.

¿Qué propone el mandatario de Naciones Unidas?

En la lista de recomendaciones que da la ONU a los países para ayudar al colectivo, el organismo pide "expandir el apoyo comunitario", y pone como ejemplo a países como Argentina, Perú y España.

"Las personas que dan apoyo a personas con discapacidad están exentas de las restricciones de movimiento y distanciamiento físico" establecidas por la pandemia, subraya sobre estas naciones.

También propone reducir el número de personas con discapacidades que estén internas en instituciones "en los casos posibles", asegurar que la educación a distancia está disponible también para estudiantes con discapacidad, y ofrecer servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica accesibles para este sector de la población.

Mientras tanto, ¿qué ocurre en España?

Plena Inclusión estima unos 100 fallecidos en centros para personas con discapacidad intelectual durante la pandemia. Son usuarias de residencias o centros tutelados y han fallecido en España en el marco de la crisis provocada por la extensión de la pandemia del coronavirus, según las estimaciones de Plena Inclusión.

En este sentido, la entidad que trabaja para las personas con discapacidad intelectual, ha preparado un plan para garantizar un retorno seguro a la nueva normalidad en los 4.000 centros y servicios de atención a la discapacidad intelectual o del desarrollo que gestiona en toda España. El documento que contiene estas propuestas ha sido compartido previamente con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Sanidad, el de Educación, el de Inclusión y el de Trabajo; también con el movimiento CERMI. Esta serie de recomendaciones pensadas para afrontar la nueva normalidad han sido diseñadas por un grupo de veinte personas expertas en servicios sociales, salud pública y seguridad laboral.

Las organizaciones del sector esperan a conocer el plan económico del Gobierno para atender las necesidades que van a llegar, y otras que tenemos ante nosotros. Desde el ejecutivo se habla de un plan, aunque por el momento no hace referencia a ninguna partida presupuestaria destinada a cubrir estas necesidades o que, sean las Comunidades Autónomas las que hagan frente a la brecha que se avecina