Plena Inclusión exige seguridad jurídica y económica para hacer frente a esta crisis

Es tiempo para trabajar unidos y con medidas de seguridad. Por ello, se debe prever cuál es el plan una vez hayamos conseguido bajar de forma notable el dato de personas fallecidas y positivos de coronavirus, para recomponer nuestra sociedad en el marco económico y social, sin que ello suponga un menoscabo a los más vulnerables.   

Plena inclusión calcula que la compra de EPI (Equipos de Protección Individual), con los que preservar del contagio de COVID-19 a una persona en un centro residencial, supone un desembolso diario de 2,80€. Al multiplicar esta cifra por 21.250 (17.000 personas con discapacidad intelectual+4.250 profesionales que les atienden) se visibiliza un gasto diario de 59.500€ para atender al millar de centros residenciales (residencias y pisos tutelados) que el movimiento asociativo coordina en todo el Estado. 

Desde Plena Inclusión, especifican estos datos, y es que, estas cifras comprenden los 1.000 centros residenciales que Plena inclusión gestiona en las 17  comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla

“Estimamos un gasto total a la semana de 416.500€ para proteger de la pandemia a las personas con discapacidad intelectual y los profesionales que están, desde hace seis semanas, en los mil centros residenciales que gestionamos en toda España”, explica Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, quien reclama ayuda urgente a las administraciones públicas para comprar EPIs (mascarillas, batas, calzas, gorros, guantes y gel hidroalcohólico) con los que prevenir más contagios.

“También queremos visibilizar el inmenso esfuerzo que están realizando profesionales y las familias en un periodo tan difícil”, recalca López.

Desde el inicio del confinamiento, 140 personas con discapacidad intelectual han fallecido víctimas de la enfermedad y 1.828 han resultado contagiadas en los centros residenciales de Plena inclusión. La confederación que agrupa a 935 asociaciones que defienden los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral.

Por su parte, Plena Inclusión indica que, “desde el punto de vista sanitario, la UME (que depende del Estado) ha realizado labores de desinfección en residencias. En otros aspectos todavía queda bastante por hacer”.

Los Servicios Sociales desde la Administración Pública

Plena Inclusión y su patronal AEDIS exigen que las comunidades autónomas, que son la administración con competencia en servicios sociales, reconozcan a los servicios de apoyo en Centros Ocupacionales, Centros de Día y de Atención Temprana como parte de los servicios esenciales y de este modo les garanticen el apoyo económico que les corresponde.

“Nos preocupa la decisión adoptada por algunas comunidades autónomas de suspender los contratos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, explica Bernabé Blanco, presidente de AEDIS.

Plena inclusión y AEDIS recuerdan que dichos servicios están dando apoyo telemático, ofreciendo asistencia de urgencia y colaborando en las medidas de lucha contra el COVID-19 desde el principio de la crisis sanitaria y que resulta vital que lo sigan haciendo. Se trata de servicios esenciales que ofrecen recursos sociales, emocionales y de hábitos saludables a un colectivo con especiales dificultades. Tanto los trabajadores como familias han realizado un gran esfuerzo para seguir prestando los servicios de manera no presencial

Tras la crisis económica de 2008, ya hubo una serie de recortes que afectaron a lo social. Por ello, preguntamos a Plena Inclusión sobre lo que se avecina. Los altos costes que hemos asumido en la crisis del COVID-19 ¿podrían representar recortes para las entidades sociales a corto plazo?

“Encaramos una situación crítica, desde muchos puntos de vista, para la sociedad en general y también (porque somos parte de loa solución) para las ONG. Nos preocupa la posibilidad de que los recortes, tal y como sucedió en la crisis de 2007, afecten sobre todo a la protección social de los colectivos más vulnerables. En el caso de las personas con discapacidad intelectual y sus familias ya llueve sobre mojado. Las familias de las 470.000 personas con discapacidad intelectual de este país sufren un sobreesfuerzo económico, personal y profesional que no recibe el apoyo público que necesita. Por eso, más que nunca, las ONG deben trabajar unidas, compartiendo estrategias y reivindicando una mayor justicia y un trato más digno a quien más lo necesita”, nos explican desde Plena Inclusión .

“Reclamamos a las administraciones públicas que no dejen en una situación de abandono e inseguridad jurídica a entidades sociales que hacen una contribución esencial para las vidas de cientos de personas en situación de gran vulnerabilidad”, reclama Blanco y apunta: “Respecto a los servicios sociales se debería seguir el ejemplo del ámbito educativo donde no se han resuelto estos convenios”, ha subrayado el presidente de AEDIS.

Plena Inclusión solicita al Gobierno Central que respetando las competencias de las Comunidades Autónomas genere directrices de actuación y supervise que la transferencia de fondos se destine al refuerzo de los sistemas de servicios sociales.