Más de 5,3 millones de personas viven en situación de pobreza severa en España

La pobreza severa ya es una realidad que azota al 11,4 % de los hogares en España. El número de personas en situación de exclusión social severa supera los seis millones, la cifra más alta desde 2007, según un informe de Cáritas y la Fundación FOESSA, que estudia la pobreza en España y que concluye que la pandemia ha golpeado con fuerza a las familias en España.

"Esta crisis sanitaria ha dejado tras de sí una profunda huella. Más allá del esperable incremento de la exclusión y la pobreza en España, el resultado más grave se traduce en el ensanchamiento de la exclusión social, sobre todo entre aquellas personas y familias que acumulan más dificultades de integración", explica Manuel Bretón Romero, presidente de la Fundación Foessa, en el estudio 'Sociedad expulsada y derecho a ingresos'.

La encuesta, realizada a más de 7.000 hogares con más de 18.000 personas de todas las comunidades, muestra un aumento notorio de la pobreza en España. Tan solo 4 de cada 10 hogares (42 %) cuentan con una situación en la que no sufren exclusión, un descenso de más de siete puntos respecto a 2018.

"El acceso y la garantía al derecho a unos ingresos se antoja imprescindible como soporte básico de la protección social en un estado de bienestar para el mantenimiento de un nivel de vida digno del conjunto de sus ciudadanos y que debe ser un elemento clave en las reflexiones sobre la reconstrucción y la cohesión social", añade Bretón, que considera esencial analizar las medidas de protección social existentes, como el Íngreso Mínimo Vital, al que califica de "todavía infradesarrollado".

Más de cinco millones en situación de pobreza severa

En comparación con 2018, cuando la pobreza severa afectaba al 8,1 % de los hogares, hoy en día, en la sociedad post pandemia, es una realidad que vive el 11,4 % de los hogares, más de 5,3 millones de personas. Para el conjunto de hogares afectados por la exclusión en el empleo, la pobreza en España sube hasta el 30,4 %, para lo que el desempleo generado por el Covid ha tenido especial impacto.

El informe no se olvida de la precariedad laboral, factor que no ayuda a mejorar la pobreza en España y que hace que tener un empleo "no asegure unas condiciones de vida dignas". Así, el 20,5 % de hogares, la persona que trabaja, aunque está activa, está en inestabilidad laboral grave", a lo que el estudio ubica para personas que han tenido más de tres contratos en un año, han trabajado en más de tres empresas o han estado más de tres meses desempleadas.

A esto hay que sumar los gastos esenciales de la vida, como la vivienda, la luz e Internet, que para el 14 % suponen tal desembolso que, al pagarlos, "se quedan en situación de pobreza.

Más de 11 millones de personas en exclusión social

En España hay 11 millones de personas en exclusión social, 2,5 millones más que en 2018. La cifra de personas en exclusión severa (cuando el ingreso del hogar es inferior al 40 % de la renta media), con dos millones más de personas, superando los seis millones por primera vez desde 2007. 

Respecto a 2018 se ha duplicado el número de hogares en los que la persona con principales ingresos está desempleada desde hace un año o más (4,3 %) o el de los hogares con todas las personas activas desempleadas (10,3 %).

"Si el propósito es lograr una sociedad cohesionada, con bajas tasas de desigualdad y donde nadie se quede atrás, el estado de bienestar social debe jugar un rol protagonista asegurando los derechos para toda la ciudadanía, bien mediante la dinamización del mercado laboral o bien mediante la implementación de mecanismos de protección social que amortigüen posibles desajustes", clama el estudio.

La crisis ha alterado también las relaciones entre las personas dentro del hogar y con su entorno social más cercano. El informe detalla que la pandemia "está erosionando con fuerza" la calidad de estas relaciones, al duplicarse el número de estos cuyo clima de convivencia muestra "dificultades serias". De este modo, el conflicto social, que en el estudio mide las relaciones de las personas con su entorno social, muestra el doble de personas cuyo clima de convivencia muestra "dificultades serias", pasando de un 5 % en 2018 a un 10 % de estos hogares en 2021.

Por otro lado, la brecha digital, "nuevo elemento exclusógeno" en un momento en el que la conexión a Internet es garante de multitud de servicios y de herramienta para las relaciones sociales, afecta al 35,2% del conjunto de los hogares, lo que sube al 45,8 % en aquellos hogares en situación de exclusión y situándose por encima de mitad (51,2 %) en los hogares en situación de exclusión severa.

Los hogares monoparentales y la población inmigrante, los más damnificados

El riesgo de exclusión social aumenta en las familias con niños y adolescentes, con un 27 % frente al 18 % de las parejas sin hijos. Esto se dispara en las familias numerosas (47 %) y hogares monoparentales (49 %), especialmente en aquellos cuya sustentadora principal es una mujer.

La población de origen inmigrante cuenta con una posición "crónica" y en "obvia desventaja" respecto a la pobreza en España. Según el informe, el porcentaje de exclusión de este grupo sube al 38 % y al 65 % si la situación es severa.

La salud mental, una de las consecuencias "de mayor alcance" de la pandemia

"Esta crisis, además de sanitaria, económica y social, ha sido mental", asevera el estudio, que además de desgranar la pobreza en España alarma que los problemas de salud mental representan "una de las consecuencias de mayor alcance de la pandemia" y que hacen "más estragos" entre las personas en situación de mayor fragilidad. "Es importante integrar a nuestro sistema público de salud una perspectiva de salud mental colectiva que nos permita acompañar, apoyar y aportar consuelo, mirando con otras gafas los desafíos del presente", concluye el estudio.

Ante esto, y consciente de que es un problema de carácter global, la Organización Mundial de la Salud alertó recientemente de un déficit mundial de inversión en salud mental. El 2020, solo el 51 % de los países de los 194 Estados Miembro de la OMS informaron que su plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, muy por debajo del objetivo principal, el 80 %. En España, el Congreso dio luz verde a principios de octubre a una Ley de Salud Mental que nace para responder a nivel estatal a los crecientes problemas de estrés, ansiedad y depresión de la sociedad con medidas como, por ejemplo, la creación de un Centro Estatal para esta disciplina.