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Madrid, 19 oct (EFE).- El grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea aboga por reformar el código penal para endurecer las penas por delitos económicos, según las propuestas incluidas en el informe presentado a la Comisión del Congreso que ha investigado durante un año y medio la crisis financiera y el rescate bancario.
Igualmente, el grupo parlamentario propone la asunción de responsabilidades penales, civiles y administrativas por los responsables y copartícipes "en las malas prácticas desarrolladas en la gestación y explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria".
También solicita que asuman responsabilidades aquellos que llevaron a cabo actuaciones que "resultaron lesivas para el interés general", dentro del marco del programa de rescate y reestructuración del sector financiero.
Según el documento presentado, el grupo parlamentario considera que la principal causa que desencadenó la crisis financiera fue la mala práctica que ejerció la banca, promovida por sus gestores y administradores, que asumieron un excesivo riesgo sin tener en cuenta criterios de prudencia.
"Y lo relevante es que estas malas prácticas se dieron de forma generalizada en todo el sector, incluyendo bancos y cajas de ahorros", según dice el grupo, que asegura que estas "prácticas perversas" se acometieron en contra de los intereses de los ahorradores y pequeños inversores.
Para Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la crisis también fue fruto de determinadas políticas que llevaron a cabo sucesivos Gobiernos en España, además de unas prácticas determinadas del sector bancario "que fueron toleradas por los organismos supervisores".
En este sentido, critica la falta de diligencia de las entidades supervisoras, cuya inacción fue una decisión consciente, y por lo tanto, "tiene implicaciones y responsabilidades que no han sido asumidas por parte de los mismos y que deben exigirse".
Al respecto, el grupo parlamentario advierte de que el nuevo marco regulatorio del sistema financiero "presenta deficiencias y avanza en la acumulación de poder y autonomía de las entidades frente al sector público", permitiendo así niveles de autorregulación que se mostraron como uno de los factores de la crisis.
También alerta de que el sector financiero continúa en la actualidad desarrollando malas prácticas, contrarias a los intereses de los pequeños ahorradores e inversores, mientras se avanza a un oligopolio de entidades sistémicas.
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