¿Qué va a pasar con los políticos del procés que optaron por la huida de España como Puigdemont?

Con los encarcelados por el procés indultados esta semana, la anunciada reforma del delito de sedición se antoja una posible salida para el expresident Carles Puigdemont y los políticos que optaron por la huida, aunque difícilmente les libraría de ser juzgados en España y exponerse a penas de prisión.

Los indultos no afectan en nada a la detención y juicio de Puigdemont

El independentismo se mantiene firme en su apuesta por la amnistía como única solución para los cerca de 3.000 encausados que, según sus cálculos, tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés y las protestas que lo apuntalaron desde la calle.

E insiste en que los indultos vienen a aliviar la situación de los presos, sin paliar ni un ápice las consecuencias penales para el resto: quedan los huidos, pero también los cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum -con delitos castigados con elevadas penas de cárcel-, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación o los que afrontan embargos millonarios por los gastos del procés.

Carles Puigdemont, se tendrá que sentar en el banquillo del Tribunal Supremo si es detenido y extraditado de España. El motivo es que, además de responder por la sedición, cuenta con un segundo delito, la malversación de caudales públicos, que no se va a reformar a la baja. Y a todo ello hay que sumar que la concesión del indulto es personal y no general, por lo que no le afectaría ni a él, ni al resto de fugados.

La reforma de la sedición

Hay quien confía que la reforma del delito sedición facilite una pista de aterrizaje para el regreso de Puigdemont a España.

Pocos detalles se han dado sobre los términos en que el Gobierno impulsará la reforma, que podría moverse entre la derogación que exige Unidas Podemos -para quienes la sedición se basa en un "concepto predemocrático" del orden público-, la modificación del redactado del artículo o una rebaja de las penas.

Una reforma poco profunda del precepto legal dejaría a los líderes independentistas huidos en manos del Supremo y posiblemente con la cárcel como horizonte, apuntan fuentes jurídicas.

De hecho, varios voces en el Gobierno y el PSOE han dicho que Puigdemont deberá ser detenido si regresa a España, voluntariamente o a raíz de la euroorden emitida por el Supremo, y juzgado como lo fueron otros miembros de su Govern.

Los consellers de su Govern más implicados en el referéndum fueron condenados por el Supremo a un delito de sedición, aunque en concurso con el de malversación de caudales públicos, lo que disparó hasta los 13 años de cárcel la mayor pena, de Oriol Junqueras.

En consecuencia, aunque el delito de sedición fuera suprimido o rebajado a penas mínimas, el expresidente catalán, junto al exconseller Toni Comín, se arriesgarían a ser condenados por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel.

Caso distinto es el de la consellera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a España tras tres años huida a Bélgica y está a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas, puesto que -como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- sus departamentos no destinaron fondos a 1-O.

Otra es también la situación de la exconsellera Clara Ponsatí huida a Escocia, que está procesada solo por sedición, la del exconseller Lluís Puig, acusado de desobediencia y malversación y al que la justicia belga descartó ya entregar a España, y la de la secretaria general de ERC Marta Rovira, huida a Suiza desde que fue procesada por rebelión pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.