El PP estudia vías legales para repatriar menores migrantes no acompañados

El Partido Popular considera una opción viable recurrir a los mecanismos legales para la devolución de menores migrantes no acompañados si las acciones judiciales emprendidas por sus comunidades autónomas contra el reparto acordado entre el Gobierno y Junts no tienen éxito, y si el Ministerio de Hacienda no proporciona los recursos necesarios para garantizar su acogida con las debidas garantías.

Antes de llegar a este punto, los equipos jurídicos de sus gobiernos autonómicos analizan cómo actuar para evitar que la reubicación de unos 4.400 menores migrantes, niños y jóvenes extranjeros, sea aprobada en los términos actuales a los que califican de "racistas"o, en su defecto, impedir su aplicación en aquellas regiones que no cuentan con la capacidad para asumir su tutela.

El plan de la Generalitat Valenciana para la expulsión de menores migrantes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido el primero en plantear esta alternativa. Durante el anuncio del preacuerdo presupuestario con Vox el pasado lunes, pronunció un discurso en el que resaltó los valores de la formación de Santiago Abascal. "La Comunidad Valenciana no aceptará más imposiciones en el reparto de inmigración ilegal promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez", afirmó. "No cederemos ante ningún tipo de presión y, de hecho, exploraremos las vías legales para que estos menores migrantes puedan regresar con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de exigir respuestas tanto al Gobierno central como a Bruselas".

La dirección nacional del partido se apresuró a respaldar el acuerdo mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación mientras Mazón aún se encontraba en el atril. Poco después, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, rechazó que hubiera un cambio ideológico y se remitió al Pacto sobre Migración y Asilo, así como a la reciente propuesta de la Unión Europea para establecer un sistema común de devoluciones. Además, dio libertad a los Gobiernos autonómicos para negociar sus respectivos presupuestos con Vox bajo las condiciones acordadas en Valencia. Según fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo, allí se bloquearon otras propuestas que consideraban “inaceptables”, aunque Vox lo desmiente.

La nueva iniciativa europea

Esta iniciativa establece que un menor no acompañado podrá ser “expulsado” tras haber sido “escuchado” y siempre que las autoridades confirmen que será entregado a un familiar, a un tutor legal o a centros de acogida adecuados en su país de origen. “Los chicos se comunican a diario con sus padres; basta con que la Policía revise sus teléfonos para comprobarlo”, comentó un miembro de la dirección nacional a Servimedia.

Desde la sede del PP en Génova defienden que la legislación española respalda la repatriación de menores migrantes no acompañados. Según el Reglamento de Extranjería, a partir del artículo 191, este proceso es posible si se considera que el “interés superior” del menor se garantiza mediante la reunificación familiar o su entrega a los servicios de protección de su país de origen.

En Génova creen que esta normativa se ajusta a la situación actual, en la que las comunidades autónomas aseguran haber superado su capacidad de acogida, aunque aún no han enviado al Ministerio de Infancia los datos sobre la ocupación de sus centros.

Críticas al Gobierno

“El Gobierno les obliga a dormir en el suelo y los condena a la exclusión social”, criticó un colaborador de Feijóo, quien coincidió con Vox en que “es mejor que estos menores estén con sus padres antes que en estas condiciones”. Sin embargo, recordó que la responsabilidad en esta materia no es de las comunidades autónomas, sino de la Delegación del Gobierno, dependiente de Pedro Sánchez, a quien acusan de estar “condicionado” por Sumar.

El Ejecutivo, influenciado por el Partido Comunista y dependiente de Podemos, ERC y Bildu, mantiene una postura distinta a la de los socialistas europeos, que en Alemania y Reino Unido consideran cerrar fronteras. El PP Europeo advierte que, sin medidas adicionales contra la inmigración ilegal, España será un destino clave para las mafias. Los populares exigieron el despliegue de Frontex en Canarias y más fondos para la acogida de menores, pero el Gobierno rechazó la primera medida y limitó la financiación a regiones con mayor capacidad de acogida.

Murcia y Aragón

El Partido Popular ha decidido centrar su estrategia en los tribunales. Los Gobiernos de Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León ya han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, al considerar que el reparto acordado es “partidista” y “xenófobo”. Mientras tanto, Junts presumió de que solo recibirán “entre 20 y 30” menores en Cataluña, mientras que en Madrid la cifra superará los 700. En Génova confían en que estos recursos tengan un largo recorrido y, mientras se resuelven, seguirán exigiendo que el Gobierno central asuma la responsabilidad de estos menores en sus propias instalaciones.

Si el Constitucional falla en su contra, el PP ha asegurado que sus Gobiernos autonómicos cumplirán con la ley. No obstante, fuentes del partido insisten en que serán ellos quienes tengan la última palabra sobre la posibilidad de promover la devolución de menores migrantes a sus países de origen.

Esta medida no aparece en ningún programa electoral del PP ni en el acuerdo migratorio firmado por Feijóo y el presidente canario, Fernando Clavijo. Sin embargo, Mazón ya la ha adoptado como propia y, en el Ayuntamiento de Murcia, el PP pactó recientemente con Vox una moción para que el Gobierno autonómico impulse acuerdos con los países de origen con el fin de “reintegrar a estos menores con sus familias”.

Precisamente, la Región de Murcia es una de las comunidades donde Génova ve más margen para acuerdos con el partido de Abascal. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ya adelantó la semana pasada que no acogerán más menores migrantes porque “no pueden”.

La otra región clave es Aragón, donde el presidente Jorge Azcón descartó el martes llegar a un acuerdo inmediato con Vox sobre los presupuestos y defendió sus propios “tiempos y criterio”. Sin embargo, la dirección nacional del PP no ve inconvenientes en trasladar el discurso de Mazón a estas dos comunidades, donde también consideran que el rechazo al Pacto Verde Europeo sería bien recibido.