Más de 200 personas con discapacidad intelectual se encuentran en prisiones catalanas

Las prisiones catalanas albergan al menos 236 reclusos con discapacidad intelectual, un 2,7% del total de 8.635 presos en enero de 2024. Este porcentaje es superior al 1% de la población general con esta discapacidad en Catalunya. La cifra real podría ser mayor, ya que estos 236 forman parte del Programa DID de atención en 2023. De ellos, solo 136 cuentan con certificado oficial, mientras que 100 están en fase de diagnóstico. Al no haber unidades especializadas, muchos son ubicados en departamentos ordinarios, de enfermería o psiquiatría.

Las prisiones de Cataluña cuentan con 236 internos con discapacidad intelectual

Las prisiones de Cataluña albergan al menos 236 internos con discapacidad intelectual, lo que representa un 2,7 % del total de reclusos. Esta cifra es superior al 1 % de la población general con discapacidad intelectual en la región. Sin embargo, el número real podría ser mayor, ya que estos datos corresponden únicamente a los atendidos en el Programa DID en 2023.

De ellos, solo 136 cuentan con certificado oficial, mientras que 100 están en fase de diagnóstico y son ubicados en unidades ordinarias o en áreas de enfermería y psiquiatría por la falta de espacios especializados.

Un informe de la síndica del Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, alerta sobre esta situación y destaca la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual cumplan sus condenas en entornos más adecuados fuera de prisión.

En particular, se señala que centros como Wad-Ras y Ponent carecen de unidades especializadas. Además, el informe critica que los juzgados no detectan siempre estas discapacidades, lo que obliga a la administración penitenciaria a gestionar el problema.

El informe se basa en visitas a 35 centros de detención en 2023, incluyendo comisarías, prisiones y centros juveniles. También recomienda cerrar las celdas de custodia en las policías locales y trasladar a los detenidos a dependencias de los Mossos d'Esquadra.

Un programa para atender a los más vulnerables

En 2013, el Departament de Justicia y la Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (DINCAT) diseñaron un programa para atender a personas reclusas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID).

Su objetivo era protegerlas de abusos en prisión y facilitar su reinserción, ya que suelen ser vulnerables a la influencia de otros internos o sufrir sanciones por no comprender las normas penitenciarias, lo que en muchos casos las lleva al aislamiento prolongado en los departamentos de seguridad (DERT).

Como parte de este plan, se creó en la prisión de Quatre Camins el Departamento de Atención Especializada (DAE), una unidad de convivencia con 35 plazas para internos con discapacidad intelectual.

Sin embargo, ninguna de las otras ocho prisiones catalanas, incluida la de Joves, cuenta con un espacio similar. Aunque se han habilitado unidades para personas vulnerables en algunos centros, la atención especializada sigue siendo limitada.

Convivencia y mujeres en las cárceles

El informe señala que, debido a la falta de unidades especializadas, la mayoría de internos con discapacidad intelectual (DID) conviven con otros reclusos vulnerables, como personas con trastornos mentales, problemas de adicción o discapacidad. Además, en algunos casos, su permanencia en estos espacios está limitada a dos años, un periodo insuficiente para atender sus necesidades adecuadamente.

Se advierte que algunas de estas cárceles como Ponent o Wad-Ras, destinadas a mujeres, ni siquiera contemplan la creación de áreas específicas para reclusos con DID. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, quienes enfrentan una doble discriminación: por la falta de espacios adecuados y por la insuficiencia de los recursos existentes.

Aunque se han hecho esfuerzos para adaptar las prisiones a las necesidades de este colectivo, el informe subraya que aún existen carencias significativas. Por otro lado, la síndica ha instado al Departament de Justicia, dirigido por Ramon Espadaler, a revisar la reciente circular 2/2024, que impide a los reclusos con delitos de sangre trabajar en las cocinas de las prisiones.