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Panamá, 15 ene (EFE).- La Procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, reveló hoy detalles de la investigación de una nueva trama de corrupción y blanqueo de capitales por más de 40 millones de dólares de dinero público, en la que están vinculados dos exministros del anterior Gobierno.
Porcell dijo a los periodistas que hasta el día de hoy, en esta investigación "compleja" del caso conocido como "Blue Apple", se ha logrado recuperar 20 millones de dólares y se han vinculado a esta corruptela a 33 personas y más de media docena de empresas constructoras.
Las empresas investigadas son Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingenería REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A..
Además del 50 % recuperado de los 40 millones blanqueados, se han recobrado también 5 millones de dólares en bienes aprehendidos.
En la investigación, iniciada el 11 de septiembre de 2017, están siendo procesadas por blanqueo de capitales 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a detención preventiva, en tanto que otras 3 lo están siendo por el delito de asociación ilícita para delinquir, de ellas 2 detenidas de manera preventiva.
Entre los investigados están las "más altas autoridades" de las las carteras de Obras Públicas y de Vivienda del periodo 2011-2012 de la pasada Administración, un exoficial bancario, un abogado particular, tres exfuncionarios públicos y siete empresarios.
Porcell dijo que los empresarios, como particulares, mediante acuerdos de colaboración "han identificado para quienes era el dinero, cómo se ejecutaba el delito, quienes integraban la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito".
Todos los exfuncionarios gozan de fuero penal electoral y se ha solicitado al Tribunal Electoral su levantamiento, mientras que se ha pedido una alerta roja a Interpol para algunos de ellos que no están en el país.
La urdimbre de corrupción consistía en que los exfuncionarios de Obras Públicas y de Vivienda le exigían a los empresarios del sector construcción, que tenían contratos adjudicados con el Estado para el periodo mencionado, una coima o porcentaje relacionado con el valor de la obra a cambio de agilizar los trámites administrativos para su ejecución, así como el desembolso de dinero del Estado a favor del respectivo contratista.
La Fiscal indicó que el porcentaje de la coima oscilaba entre el 5 % y el 10 %, y que "de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones".
La Procuradora reveló que era el jefe de Contrataciones de Obras Públicas "el que realizaba el pedido de coimas".
Detalló que "estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima "Blue Apple Services", (persona jurídica) quien a través de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manejó, aproximadamente, 40 millones".
Explicó que Blue Apple recibía estos dineros de la coima y los pasaba a través de dichas cuentas bancarias abiertas "en tres bancos: Banesco, Capital Bank y Banco General".
Estos tres bancos, según Porcell, "ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias, luego de considerar, que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional".
También resaltó que se identificó las formas utilizadas para el blanqueo de capitales para dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, a través del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation denominada Factor Global, cesiones de créditos, adquisición de bienes inmuebles y pagos directos,
Agregó que para esto igualmente fueron utilizadas otras personas jurídicas como Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S.A., "empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero público".
Porcell afirmó que "esta es otra investigación compleja de corrupción en la que se descubre más dinero público sustraído por servidores públicos que traicionaron al Estado".
"De allí que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al país, que el compromiso sea de toda la sociedad panameña, porque la institucionalidad y la ética no puede supeditarse a la trampa y al juega vivo, aunado a que, el dinero público, aún reposa en manos de los corruptos", remarcó.
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