Pedro Sánchez defiende la reforma legal que beneficia a presos de ETA

Pedro Sánchez ha intentado explicar en el Congreso de los Diputados la reforma legal que beneficiará a los presos con condenas previas en otros países de la UE, incluidos los presos de ETA. Según el presidente del Gobierno, "no hay rebaja de condenas", sino un cambio "obligatorio" que implica la transposición de una directiva europea.

La Audiencia Nacional, por su parte, aclara que a los presos de ETA no se les sumarán los años cumplidos en Francia, sino que se incluirán dentro de sus condenas. Los terroristas de ETA como Txapote, Kantauri, Anboto y Mobutu verán reducidas sus condenas debido al cambio legal reciente aprobado por el Congreso.

Un nuevo marco legal permitirá a presos de ETA reducir su tiempo de condena

Desde esta perspectiva, algunos presos de ETA, dependiendo de la gravedad de sus condenas, podrán beneficiarse de este cambio legal, ya que ahora el cómputo de penas entre España y otros países, como Francia, se modificará. La suma de ambas condenas no podrá superar los 30 años, lo que anteriormente sí era posible.

De acuerdo con Sánchez, a partir de ahora se considerará "el tiempo que los presos han pasado en cárceles en el extranjero", lo que significa que "aquellos condenados a 30 años cumplirán 30 años, y quienes recibieron una condena de 10 años cumplirán 10 años".

La diferencia radica en que, dentro de esos 30 años de límite máximo de cumplimiento, se incluirán los años de prisión ya cumplidos en Francia, que antes de la reforma no se tomaban en cuenta para la conmutación de penas. Esto significa que, con la nueva legislación, varios etarras, como Soledad Iparaguirre y Anboto, podrán anticipar su salida de la cárcel.

¿Cómo determinar los beneficios penitenciarios?

Determinar fechas concretas es complicado, ya que a cada condenado se le deben restar los beneficios penitenciarios obtenidos por su buen comportamiento, así como por los trabajos o estudios realizados durante su tiempo en prisión.

La oposición, liderada por el PP, intenta minimizar el daño por no haber percibido el impacto del cambio legal y por haberlo respaldado con su voto. Alberto Núñez Feijóo señala al gobierno como el responsable de esta reforma y exige que se detenga, ya que beneficiará a algunos presos de ETA. En esta estrategia de gestión de crisis, los gestos son clave. Feijóo ha sentado a su lado a la hermana de Miguel Ángel Blanco, lo que le valió una gran ovación por parte de los miembros del PP.

"Europa no nos miraba con buenos ojos y nos advertía: ¡cuidado!"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha participado en la polémica en torno a la enmienda de Sumar, citando la 'doctrina Parot'. Recordó que fue en 2014 cuando el PP "decidió transponer una decisión marco que había permanecido sin realizar durante cinco años". Grande-Marlaska expresó sus dudas sobre la aplicación de esta norma, señalando que era muy cuestionable su limitación a agosto de 2010, lo que generaba incertidumbre sobre la posibilidad de que los etarras condenados antes de esa fecha pudieran descontar los años cumplidos en Francia.

"Los tribunales españoles estaban comenzando a cuestionar nuevamente la situación a través de cuestiones prejudiciales y planteamientos de inconstitucionalidad", continuó Grande-Marlaska, quien citó como ejemplo el caso de un miembro de los presos de ETA con delitos de sangre que, "si lograba llegar a Francia", tendría que cumplir 30 años más seis adicionales del país vecino, a pesar de ser "la misma persona con los mismos delitos".

"Por esta razón, Europa no nos veía con buenos ojos y nos advertía que, para que reconociéramos otras resoluciones, debíamos cumplir correctamente con la norma", añadió Grande-Marlaska, quien también enfatizó que la reforma legal promovida por el Gobierno y sus aliados parlamentarios se llevó a cabo siguiendo todos los procedimientos en el Congreso, incluyendo el apoyo del PP y Vox.

La Audiencia Nacional consulta al TJUE

En 2023, la Audiencia Nacional consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la ley española que prohíbe descontar las condenas cumplidas en Francia por un etarra del cumplimiento posterior de su pena en España infringe sus derechos fundamentales.

Este cuestionamiento surgió a raíz de un auto emitido por la sección segunda de lo Penal el 26 de octubre de 2023 en el caso que llevó al banquillo a la exjefa de ETA, María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, por un atentado contra un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997.

Anboto fue absuelta de estos cargos; sin embargo, el Tribunal Supremo, al revisar la decisión, anuló la sentencia y ordenó a la Audiencia Nacional emitir un nuevo fallo. Tras esta resolución, la Audiencia planteó sus dudas ante el TJUE, que aún no ha respondido.

En definitiva, aunque el Gobierno insiste en que no se trata de una rebaja de condenas, sino de un ajuste normativo, la oposición critica duramente la medida debido a la rebaja de condenas de los presos de ETA.