La reforma de discapacidad incluye la disminución de la discriminación en seguros o reducción de pagos

El Consejo de Ministros aprobó la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, estableciendo la obligatoriedad de las obras de accesibilidad en edificios donde vivan personas con discapacidad. El anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Una nueva reforma para la discapacidad y la dependencia

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para la reforma de la normativa sobre discapacidad y dependencia, con el objetivo de garantizar la accesibilidad en los edificios donde residan personas con discapacidad. La medida, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, busca adaptar la legislación a la Constitución y a la Convención de la ONU.

La reforma modifica la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo que todas las obras necesarias para la accesibilidad sean obligatorias, al igual que las relacionadas con la seguridad de los edificios. Se estima que alrededor de 100.000 personas mayores o con discapacidad viven confinadas en sus hogares por falta de accesibilidad.

Para facilitar estas mejoras, se prevén subvenciones y ayudas económicas, y las comunidades de vecinos estarán obligadas a solicitar opciones de financiación. En caso de negativa, los propietarios podrán recurrir a la justicia. Además, se incluirán mejoras como videoporteros para personas con discapacidad auditiva y se reducirán los requisitos económicos para acceder a las ayudas

Salud sin exclusiones

La nueva reforma de discapacidad refuerza el derecho a la accesibilidad universal en el Sistema Nacional de Salud, prohibiendo cualquier tipo de discriminación por discapacidad en la contratación de seguros de salud y vida. Además, garantiza la autonomía personal y la inclusión en la comunidad, permitiendo que las personas con discapacidad elijan libremente dónde y con quién vivir.

En el ámbito sanitario, se establecen medidas para asegurar que todas las personas con discapacidad reciban los apoyos necesarios en consultas, diagnósticos y tratamientos médicos. En caso de incumplimiento, podrán recurrir a la justicia.

Para mejorar la accesibilidad en espacios públicos, se creará el Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, que financiará infraestructuras como rampas y señalización adaptada. También se implementará un registro único de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, evitando fraudes y unificando su uso en todo el país.

Además, la reforma de la ley prestará especial atención a las mujeres y menores con discapacidad, asegurando su plena inclusión y protección.

Reconocer un 33 % de discapacidad automática

Con el objetivo de simplificar los trámites administrativos, la nueva ley reconocerá automáticamente un 33 % de discapacidad a todas las personas que ya acrediten una situación de dependencia.

Esta medida afecta a casi el 98,5 % de las personas dependientes, que, por su condición, requieren asistencia para realizar actividades diarias.

La reforma también da más poder a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), permitiéndoles elegir los apoyos que deseen y participar en la creación de su Programa Individual de Apoyos. Además, no serán sancionados si rechazan servicios como plazas en residencias que no les convengan.

En cuanto a la lucha contra la discriminación, se refuerzan las sanciones contra espectáculos que denigran a personas con discapacidad, con multas que pueden llegar hasta un millón de euros.

Además, la ley eliminará barreras económicas y mejorará el acceso a servicios como la ayuda a domicilio, que ahora podrá extenderse a nuevas áreas, como hacer la compra o acudir al médico. Se permitirá también que cuidadores no profesionales sin vínculo familiar puedan apoyar a personas dependientes.