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El despliegue masivo de las energías renovables se ha topado en los últimos años con un inesperado y ruidoso muro: la resistencia de las comunidades rurales y los colectivos ecologistas. El mantra del capitalismo verde tradicional siempre fue colocar los aerogeneradores y las placas solares en los lugares con más viento y sol para maximizar el beneficio económico, ignorando el impacto paisajístico o social.
Una investigación publicada en la revista Energy Policy plantea que esa disyuntiva está mal enfocada. Integrar criterios sociales, laborales, sanitarios y ambientales en la planificación de nuevas infraestructuras eléctricas puede hacerse con un incremento muy pequeño del coste total del sistema.
El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, analiza diferentes estrategias de expansión de la red eléctrica en el Medio Oeste de Estados Unidos hasta 2050. La conclusión principal tiene bastante peso: incluso las políticas más ambiciosas desde el punto de vista social cuestan menos de un 1 % adicional respecto a una planificación centrada exclusivamente en minimizar costes.
Una diferencia pequeña para decisiones capaces de condicionar durante décadas dónde se crean empleos, qué comunidades reciben inversiones y quién soporta los impactos ambientales de producir electricidad.
Sin embargo, tal y como recoge el portal de referencia Ecoinventos, un nuevo e innovador estudio científico viene a desmontar el dogma del sector: planificar la ubicación de las energías renovables con criterios de justicia social y ambiental apenas tiene impacto en el coste final de la electricidad.
Este hallazgo es un auténtico bálsamo para la transición ecológica. Demuestra con datos rigurosos que la "transición justa" no es una utopía costosa ni una declaración de intenciones políticamente correcta, sino una fórmula matemática perfectamente viable que puede desbloquear el atasco social que sufren las renovables.
Los tres ejes de la planificación justa que propone el estudio
Para lograr un sistema eléctrico que no "pise" el jardín del vecino ni sature comarcas enteras, el estudio propone tres estrategias de diseño territorial inteligente:
- Dispersión geográfica frente a la saturación: En lugar de concentrar miles de hectáreas de placas solares en una sola comarca (lo que destruye la economía local y el paisaje), el modelo aboga por distribuir las plantas en áreas más pequeñas y cercanas a los puntos de consumo industrial y urbano.
- Priorización de suelos degradados y tejados: El estudio demuestra que existe suficiente superficie en zonas antropizadas (vertederos sellados, bordes de autopistas, cubiertas industriales y zonas mineras abandonadas) para cubrir los objetivos de descarbonización antes de tener que recurrir a tierras agrícolas de alta calidad.
- Agrovoltaica e integración de usos: Fomentar proyectos donde convivan la generación de energía y las actividades del sector primario. Al no competir por el suelo, el sector rural no percibe la planta energética como una amenaza a su soberanía alimentaria, sino como un ingreso complementario estable.
El verdadero coste de un parque eólico no es el precio del aerogenerador; es el tiempo que pasa bloqueado en los tribunales por la oposición vecinal. Integrar la justicia social en el diseño original es, simplemente, de sentido común empresarial.
Europa afronta un desafío parecido
El Fondo de Transición Justa de la Unión Europea moviliza recursos hacia territorios especialmente afectados por la descarbonización. Regiones dependientes del carbón y de industrias intensivas en emisiones necesitan alternativas económicas capaces de generar empleo estable antes de que desaparezcan las actividades tradicionales.
España cuenta con experiencias concretas en antiguas comarcas mineras de Asturias, León, Palencia, Teruel o Puertollano, donde los cierres de centrales térmicas han impulsado proyectos relacionados con energías renovables, almacenamiento, hidrógeno renovable, restauración ambiental y nuevas actividades industriales.
Los resultados todavía son desiguales. La experiencia demuestra que una planta renovable aislada rara vez sustituye todo el tejido económico asociado a una gran instalación industrial.
Hace falta formación profesional, infraestructura eléctrica, suelo industrial, acceso a financiación y políticas capaces de atraer empresas durante muchos años.
La mitigación del riesgo social en la agenda ESG
Para las empresas promotoras del sector energético, este estudio redefine por completo la trastienda de sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la dimensión Social y de Gobernanza (la 'S' y la 'G' de los criterios ESG).
Las corporaciones excelentes están utilizando estas evidencias para reconfigurar su relación con el territorio:
- Reducción del riesgo de compliance y judicialización: Al seleccionar ubicaciones consensuadas y de bajo impacto desde el primer día, las empresas evitan las costosas moratorias municipales y las paralizaciones judiciales que arruinan la rentabilidad de los proyectos.
- Gobernanza participativa real: Diseñar las plantas renovables de la mano de los ayuntamientos y las cooperativas agrarias locales, ofreciendo participación financiera directa a los vecinos (co-propiedad energética) para que los beneficios del viento y el sol se queden en el territorio de acogida.
- Transparencia en el reporte no financiero: Los inversores internacionales penalizan cada vez más a las empresas con alta conflictividad social. Presentar proyectos diseñados con el modelo de "justicia distributiva" eleva la valoración ESG de la compañía y facilita el acceso a capital verde más barato.
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