26/05/2021 - 09:21
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El Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó este martes la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para acoger en la península a 200 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Ceuta.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra destacó que, con este acuerdo, las comunidades autónomas demuestran "una altura política y una enorme responsabilidad para afrontar una crisis humanitaria que no tiene precedentes".
Belarra añadió, en declaraciones facilitadas por su departamento, que el Gobierno ha estado centrado "desde el primer momento en dar una solución de acuerdo a los derechos humanos, de los derechos de los niños y niñas".
No olvidemos que los menores migrantes en Ceuta son personas, y tienen derechos
El plan impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 permitirá acoger a menores migrantes que ya están asentados en centros de Ceuta, de forma que se pueda atender "de forma más adecuada" a los recién llegados.
El reparto se distribuirá de la siguiente manera:
- Comunidad de Madrid y Galicia (20 menores cada una)
- Castilla y León (18)
- La Rioja (17)
- Cataluña (15)
- Castilla-La Mancha (14)
- Andalucía y Comunidad Valenciana (13 cada una)
- Asturias, Baleares y Extremadura (11 cada una)
- Aragón (9)
- País Vasco (8)
- Cantabria y Murcia (7 cada una)
- Navarra (6)
Dadas sus capacidades actuales, La Rioja acogerá únicamente a 5 de los 17 menores que le corresponden de acuerdo a los criterios utilizados. La Comunidad Valenciana asumirá solidariamente y en un esfuerzo adicional los restantes 12 menores migrantes.
Asimismo, el plan define unos criterios de acogida solidaria que también fueron aprobados:
El criterio de partida es el de la población de cada comunidad, que es ponderado para atender a otras dos circunstancias: la situación económica y la tasa de paro, de forma que las comunidades con mejor situación económica y laboral reciben un porcentaje mayor, y el esfuerzo que actualmente hace cada región en la acogida de estos niños, niñas y adolescentes en relación con su población, incluyendo la oferta solidaria que ya han realizado para acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.
Las comunidades autónomas que actualmente tienen acogidos menos menores migrantes en proporción a su población reciben más niños ahora.
Así, un 25 % de las plazas se han repartido en proporción a la población total de cada comunidad, otro 25 % en función de la mejor situación económica y laboral (12,5 % renta per cápita y 12,5 % tasa de paro) y el 50 % restante tiene en cuenta a las regiones que en el segundo semestre de 2020 tenían acogidos menos menores migrantes no acompañados (en función a su población), añadiendo para este cálculo la oferta para acoger menores de Canarias.
La crisis migratoria necesita de cooperación en la actuación
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará cinco millones de euros de su presupuesto, dotados mediante un crédito extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros, para contribuir a la financiación de estos traslados.
De esta cantidad, 500.000 euros corresponderán a Ceuta para la atención de las necesarias obligaciones derivadas de los traslados y el acompañamiento socioeducativo de los menores migrantes hasta sus nuevas residencias en la península, y el resto se distribuirá entre las comunidades autónomas en proporción al número de niños, niñas y adolescentes que acojan.
Belarra indicó que la actual situación de Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, ponen de manifiesto "la necesidad de contar con una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso", es decir, criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención.
El Observatorio de la Infancia ha trabajado en los últimos meses en un modelo compartido. Partiendo de estos trabajos, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 impulsará en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales un acuerdo con todas las administraciones implicadas que pueda presentarse al Consejo Territorial en el plazo de dos meses para su discusión y, si procede, aprobación.
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