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Ha comenzado una fase de evaluación de lo sucedido en las residencias de mayores que probablemente llevará a la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por las denuncias de muertes indignas en estos lugares.
En el plano judicial, la Fiscalía investiga a decenas de residencias madrileñas y varios juzgados de la región han recibido tres querellas colectivas por homicidio imprudente, trato vejatorio y denegación de auxilio contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero Escudero y el consejero de Justicia Enrique López.
Los correos internos de la Comunidad de Madrid
Al inicio de la crisis, el responsable de los geriátricos escribió a su compañero de Sanidad pidiendo atención médica y advirtiendo de “graves consecuencias legales”.
El consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, advirtió al inicio de la pandemia a su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero de su impotencia para contener el avance del virus.
Muchos residentes fallecieron de forma indigna
En dos correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, “incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”.
Los escritos, que no tuvieron respuesta, son evidencia del aislamiento que ha sufrido durante la crisis sanitaria el consejero de Ciudadanos, que esta semana dio un sonoro golpe en la mesa advirtiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de su falta de ética y posible ilegalidad.
Crisis en las residencias: más de 6.000 muertos
Los mensajes también suponen una prueba en la posible investigación política y judicial de lo sucedido en las residencias de Madrid, donde han muerto 6.007 personas con la COVID-19 o síntomas de la enfermedad desde el 8 de marzo.
Reyero escribió a Escudero aquel domingo por la mañana alarmado porque había conocido un protocolo de la consejería de Sanidad para que 22 hospitales de la región seleccionaran qué ancianos de residencias admitir y así evitar un colapso de sus instalaciones.
Excluyeron a los mayores dependientes y personas con discapacidad
El documento recomendaba excluir a los mayores con grado tres de dependencia, aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continua, y a las personas con discapacidad internadas en residencias especiales. Desde el martes de esa semana, llovían noticias sobre cadáveres sin retirar en los geriátricos y ambulancias que no acudían a prestar socorro.
“Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, escribió Reyero a Escudero en un primer correo a las 9.06 de aquel domingo.
Personas con discapacidad discriminadas
“Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (…) podrían ser rechazados en esta derivación (a hospitales) e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta eso”.
La consejería de Sanidad rectificó esta exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad cuando se filtró el protocolo y las asociaciones de personas con discapacidad se alarmaron profundamente. La versión final de ese documento, concluida tres días después, solo excluye a pacientes que viven en residencias de mayores.
Medicalizar las residencias
Como Escudero no contestó, pero Reyero volvió a escribirle otro correo. “Como estamos teniendo problemas para hablar te paso algunas de las cuestiones que me preocupan”, le dijo. Reyero describió la “situación complicada” e insistió en que las residencias no son eficaces para salvar vidas. Pidió alternativas como “medicalizar” las residencias, una promesa que Escudero había hecho el 12 de marzo, o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”. También solicitó la ayuda de Escudero para lograr apoyo del Gobierno central.
Según fuentes de la consejería de Políticas Sociales, Reyero no obtuvo respuesta a estos correos. El consejero insistió con nuevos escritos a Escudero el 31 de marzo y el 11 de abril, una campaña de presión secundada también por otros funcionarios de su consejería que no obtuvo respuestas.
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