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El Gobierno de España ha tomado la decisión de aplazar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, que estaba prevista para este jueves y que abarca el periodo 2025-2027. Esta prórroga, que no cuenta con una nueva fecha establecida, busca ganar tiempo para reunir los apoyos necesarios para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La medida se enmarca en un contexto político delicado, donde el Ejecutivo desea evitar un nuevo rechazo en el Congreso, especialmente después de que en la primera votación, celebrada el pasado 23 de julio, la propuesta fuera desestimada por la oposición de partidos como el PP, Vox y Junts.
La senda de estabilidad es un concepto que se ha vuelto fundamental en el marco de la política económica española, ya que establece un marco de referencia para la sostenibilidad fiscal y la gestión de las finanzas públicas. Al aplazar su tramitación, el Gobierno busca asegurarse de contar con el respaldo necesario para avanzar en la elaboración de unos presupuestos que se consideran críticos para la recuperación económica del país, especialmente en el contexto de los desafíos que plantea la crisis energética y la inflación.
¿Qué implica la senda de estabilidad?
La senda de estabilidad, según explica Josep María Raya, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra, es un documento que establece los objetivos vinculantes en relación con el déficit público, la deuda pública y la regla de gasto. Este principio básico implica que tanto individuos como gobiernos deben endeudarse solo en función de sus posibilidades económicas.
En el ámbito fiscal, el déficit público se refiere a la situación en la que los gastos del Estado superan los ingresos no financieros en un periodo determinado. Por su parte, la deuda pública representa todas las obligaciones que el Estado tiene como resultado de préstamos acumulados.
El informe de la senda de estabilidad tiene un impacto directo en el presupuesto de las administraciones públicas, ya que determina cuánto dinero pueden gastar en los próximos tres años, en este caso, del 2025 al 2027. Este cálculo se basa en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y busca proporcionar una guía de control para la gestión fiscal, como señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
La tradición histórica en España ha mostrado que, generalmente, los gobiernos de izquierda tienden a maximizar sus posibilidades de déficit, dado su enfoque en el gasto público como motor de políticas de bienestar. Por el contrario, los gobiernos de derecha suelen abogar por un enfoque más restrictivo, buscando el equilibrio presupuestario o un déficit cero. Esta dinámica ha influido en cómo se perciben y se manejan las políticas fiscales en el país.
Razones del estancamiento
El actual bloqueo en la aprobación de la senda de estabilidad no se relaciona con un deterioro de la economía española, ya que, según varios analistas, la producción está creciendo y España puede soportar un déficit o deuda en niveles razonables. Sin embargo, el estancamiento se debe principalmente a la manera en que se pretende distribuir el gasto entre diversas partidas, incluyendo la administración general, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Este complejo reparto es donde surgen las tensiones políticas y las dificultades para alcanzar un consenso.
Particularmente, Junts, el partido independentista catalán, posee los votos cruciales para desbloquear la situación. Actualmente, este partido se opone a la aprobación de la senda de estabilidad a menos que se incluya una partida que realmente mejore la situación en Cataluña. La respuesta del Gobierno ha sido abrir la puerta a un diálogo con los independentistas, buscando así su apoyo en la tramitación de la senda de estabilidad.
En este contexto, el Ejecutivo ha manifestado su compromiso de garantizar que el desarrollo de las políticas de gasto público no solo se enfoque en la sostenibilidad fiscal, sino que también contemple aspectos de justicia social y equidad territorial. Así, el Gobierno busca que la senda de estabilidad sirva como un marco no solo para el control fiscal, sino también como un instrumento para abordar desigualdades y asegurar que todas las comunidades autónomas reciban un trato equitativo en el acceso a recursos.
Así las cosas, el aplazamiento de la senda de estabilidad refleja la necesidad del Gobierno de asegurar los apoyos necesarios para llevar a cabo una gestión responsable de las finanzas públicas, mientras navega por un panorama político complejo y se enfrenta a la necesidad de garantizar la estabilidad económica y social en el país. La próxima etapa en este proceso dependerá de las negociaciones que el Gobierno entable con los diferentes grupos políticos y de la capacidad de llegar a consensos que permitan avanzar hacia unos presupuestos que respondan a las necesidades de la ciudadanía en un momento crítico.
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