Denuncian que aún hay trabajadores con discapacidad cobrando por debajo del SMI

El presidente de la Comisión de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Daniel Aníbal García Diego, denunció este miércoles en el Congreso de los Diputados que, aunque en casos aislados, todavía hay trabajadores con discapacidad en España que perciben salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Durante su comparecencia ante la comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en la Cámara Baja, García Diego insistió en la necesidad de garantizar la “igualdad salarial” para los trabajadores con discapacidad. En su intervención, reclamó que las personas con discapacidad tengan acceso a “un empleo real” y no solo a puestos donde permanezcan ocho horas en una oficina para cumplir con una cuota.

Advirtió que esta situación puede ser “altamente perjudicial” y, por ello, reivindicó el derecho de estas personas a desempeñar “trabajos con sentido, que les integren en el sistema productivo y les proporcionen un salario digno que favorezca su inclusión social”.

Inclusión laboral de trabajadores con discapacidad

Asimismo, reiteró la necesidad de garantizar la igualdad salarial y criticó que, aunque en menor medida, aún existan casos de trabajadores con discapacidad que ganan menos del SMI. En este sentido, instó a reformar los Centros Especiales de Empleo (CEE), empezando por su denominación, que en su opinión debería cambiarse a “empresas para la inserción laboral de trabajadores con discapacidad”.

Además, cuestionó la idea de la transición al empleo ordinario, señalando que, aunque en teoría es una buena propuesta, en la práctica deja a muchas personas sin opciones y con una gran frustración. En su opinión, lo realmente importante es garantizarles un trabajo inclusivo en el que se sientan cómodos, realizados y reciban una retribución justa.

Como presidente de la patronal de CEE Feacem, García Diego defendió el éxito de estos centros, aunque subrayó la necesidad de seguir mejorándolos para alcanzar la excelencia. En respuesta a la diputada del PP Violante Tomás, propuso ampliar su alcance para incluir también a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Promoción de la inclusión laboral

García Diego solicitó una Ley integral de Inclusión Sociolaboral para Personas con Discapacidad, que contemple aspectos como el empleo, la Seguridad Social y las prestaciones económicas.

Según su opinión, es fundamental impulsar la participación activa de trabajadores con discapacidad en el mercado laboral, ya que existen obstáculos que podrían eliminarse suprimiendo diversas incompatibilidades.

“Imaginen a una persona con discapacidad que reside en un centro y desea buscar empleo, pero corre el riesgo de perder su plaza si lo logra”, expresó ante los diputados. “¿Qué harían ustedes en esa situación?”.

También mencionó la dificultad de compaginar un trabajo a tiempo parcial con el cobro de una prestación social. Muchas personas con discapacidad, debido a cuestiones de salud, prefieren trabajar en jornada reducida, lo que las coloca en una situación de precariedad sin acceso a ayudas económicas. “¿Qué opción les queda?”, cuestionó.

Actualmente, en España, solo el 28 % de las personas con discapacidad en edad laboral tienen empleo, en comparación con el 75 % del resto de la población. Además, su tasa de actividad es del 35,5 %, lo que representa una diferencia de casi 45 puntos con la población general. Por ello, instó a adoptar medidas concretas para fomentar su inclusión en el ámbito laboral.

Reforzar la normativa

Los diputados Rafa Cofiño (Sumar) y Emilio Sáez (PSOE) expresaron su interés en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad en lo que respecta a la contratación en empresas convencionales.

En este sentido, García Diego destacó una de las recomendaciones del Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, que propone reducir de 50 a 20 empleados el umbral a partir del cual las empresas estarían obligadas a contratar personas con discapacidad.

“En España predominan las pequeñas y medianas empresas”, señaló. “En muchas zonas rurales, casi no existen compañías con más de 50 empleados. ¿Acaso no se va a tomar ninguna medida para incentivar la contratación de personas con discapacidad en estas áreas?”, cuestionó.

Además, se mostró a favor de establecer obligaciones para el sector privado y criticó que en ocasiones las plazas reservadas en convocatorias públicas quedan sin cubrir por falta de adaptaciones.

Desafíos futuros

Por otro lado, García Diego reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores con discapacidad. “Estamos atravesando una transformación tecnológica sin precedentes y, por primera vez, no sabemos si generará más puestos de trabajo o, por el contrario, los reducirá”, advirtió. Por ello, instó a estar atentos para garantizar que este colectivo no quede excluido de los avances tecnológicos, ya que sus empleos suelen ser especialmente vulnerables.

Asimismo, resaltó la importancia de la formación en competencias digitales y recalcó que aún persisten brechas significativas en el acceso a la educación superior.

También expresó su descontento con la aplicación del nuevo baremo para la valoración del Grado de Discapacidad. Aunque lo calificó como un decreto positivo y consensuado por el sector, consideró que su implementación ha generado insatisfacción.

Finalmente, analizó las desigualdades entre hombres y mujeres con discapacidad en el ámbito laboral. “Es cierto que la situación es complicada para todos, independientemente del tipo de discapacidad”, afirmó. Sin embargo, resaltó que, a cualquier nivel educativo, las tasas de empleo y los salarios son siempre inferiores en comparación con la población general.

No obstante, las mujeres con discapacidad enfrentan mayores dificultades. Representan una menor proporción dentro de la población activa (45 % frente al 55 % de los hombres) y, aunque trabajan prácticamente el mismo tiempo, la diferencia salarial asciende a 2.000 euros anuales en favor de los varones.