Solo tres de cada diez personas con discapacidad están activas en el mercado laboral andaluz

En Andalucía, apenas el 29,2 % de las personas con discapacidad en edad laboral están activas en el mercado de trabajo. Esto equivale a unas 111.600 personas de un total de 382.300, según el informe más reciente elaborado por la Fundación Randstad y Randstad Research.

Este estudio, titulado “Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad”, se ha basado en los últimos datos disponibles de 2023, facilitados tanto por el Instituto Nacional de Estadística (INE) como por el Imserso.

La cifra refleja una realidad preocupante: más del 70 % de este colectivo permanece inactivo laboralmente, lo que implica no solo una pérdida de talento para la economía, sino también una falta de oportunidades de desarrollo personal y profesional para miles de personas. Además, esta tasa de actividad ha disminuido un 2,4 % respecto al año anterior, lo que refuerza la tendencia negativa que ya venía observándose.

Un retroceso que genera preocupación para las personas con discapacidad en edad laboral

En el año 2022, el número de personas con discapacidad inactivas en Andalucía era de 266.700. Sin embargo, en 2023 esta cifra se elevó hasta los 270.600. Es decir, cerca de 4.000 personas más abandonaron o no pudieron incorporarse al mercado laboral en un año. Este incremento en la inactividad representa un retroceso en los esfuerzos por fomentar la inclusión laboral del colectivo.

Expertos señalan que, más allá de los números, este fenómeno se traduce en un aumento de la desigualdad social y en la exclusión de un sector de la población que ya enfrenta múltiples barreras estructurales. La falta de accesibilidad, prejuicios, escasa adaptación de los entornos laborales y la limitada oferta de empleo inclusivo siguen siendo obstáculos recurrentes.

Andalucía, entre las comunidades con peor desempeño

En comparación con otras comunidades autónomas, Andalucía se sitúa en la parte baja de la tabla en cuanto a integración laboral de personas con discapacidad. Solo Canarias presenta una tasa de actividad más baja, con un 28,8 %. Galicia también muestra cifras similares, con un 31,2 %.

En el lado opuesto, destacan territorios como Ceuta y Melilla, donde la tasa de actividad de personas con discapacidad alcanza el 50,7 %, así como el País Vasco (45,7 %) y Cantabria (44,5 %). Estas regiones demuestran que es posible alcanzar niveles significativamente más altos de inclusión laboral cuando se implementan políticas activas eficaces y sostenidas en el tiempo.

Factores que explican la brecha

Los expertos señalan múltiples factores que explican esta desigualdad territorial. Por un lado, las diferencias en el tejido empresarial y en la inversión en políticas de empleo inclusivo. Por otro, la calidad de la formación profesional adaptada y los recursos que las comunidades destinan al acompañamiento laboral de personas con discapacidad.

En Andalucía, a pesar de los esfuerzos institucionales por mejorar la empleabilidad del colectivo, todavía existen carencias estructurales en la oferta de formación accesible, así como una escasa sensibilización empresarial hacia la contratación inclusiva. La falta de incentivos efectivos o el desconocimiento de los beneficios que puede aportar la diversidad funcional en los equipos de trabajo también influyen negativamente.

Un llamado a la acción

Los resultados del informe de la Fundación Randstad invitan a una reflexión urgente. Para revertir la situación, se necesita una respuesta coordinada entre administraciones públicas, empresas, entidades sociales y la sociedad en general. Fomentar políticas activas de empleo, mejorar la accesibilidad en los procesos de selección, y promover una cultura laboral verdaderamente inclusiva son pasos necesarios para cerrar esta brecha.

La inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo es una cuestión de justicia social, sino también una oportunidad para enriquecer los entornos de trabajo y aprovechar el talento diverso que aún permanece desaprovechado. Andalucía tiene el reto, y la responsabilidad, de avanzar hacia una economía más inclusiva y equitativa. El camino es largo, pero cada paso cuenta.