Las dosis de vacunas en los países pobres no cubren más del 4 % de la población

Desde que el pasado diciembre de 2020 llegaran a España las primeras vacunas contra el coronavirus dirigidas en un primer lugar a personal sanitario, personas mayores y de riesgo, las dosis se han convertido en un tema de debate. Un debate debido a que, mientras en España ya vamos por la tercera dosis, numerosos países pobres, no han recibido ninguna.

A pesar de varios llamamientos que se realizaron de manera urgente para que las empresas farmacéuticas realizaran una distribución equilibrada de vacunas contra el coronavirus, estas fracasaron estrepitosamente, sin respetar los derechos humanos.

La empresas farmacéuticas, por el contrario, monopolizaron la tecnología, bloquearon y presionaron para evitar que no se compartiera la propiedad intelectual, cobraron precios elevados por las vacunas y priorizaron el suministro a los países ricos, así lo ha afirmado la Amnistía Internacional en una nueva evaluación de los principales desarrolladores de vacunas contra la COVID-19.

No hay vacunas para los países pobres

El pasado año, 2021, se produjeron más de 10.000 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus, dosis más que suficientes para alcanzar el objetivo del 40 % de vacunación mundial marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, un informe titulado "Money calls the shots: Pharma's response to the Covid-19 vaccines crisis" o también en español "El dinero manda: La respuesta de la industria farmacéutica a la crisis de las vacunas contra la COVID-19" es la actualización del informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2021 Doble dosis de desigualdad.

Este último informe revela que un 95 % de la población de países pobres, no habían recibido ninguna dosis a finales de año, cuando por ejemplo, en España, a finales de año ya las personas mayores de 60 años o de riesgo y personal sanitario ya habían recibido la tercera dosis de vacuna de refuerzo contra el coronavirus.

El director general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla, declaró que, “Más de 1.200 millones de personas en países pobres podrían haberse vacunado para finales de 2021 si los países de ingresos altos y los productores de vacunas se tomaran en serio sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos”

Las empresas farmacéuticas son tan decisivas que podrían haberse marcado un hito en el año 2021, pero dejaron de lado a quienes más necesitaban las vacunas y siguieron como siempre, anteponiendo los beneficios a las personas. Por ello se insiste que, si queremos que esta pandemia se acabe en el presente año 2022, necesitamos cambiar de rumbo desde ya.

Reparto de vacunas

Por un lado, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos ingresos de hasta 54.000 millones de dólares, y sin embargo suministraron menos del 2 % de sus vacunas a países de bajos ingresos. Las empresas chinas Sinovac y Sinopharm sólo entregaron a países de bajos ingresos el 0,5 % y 1,5 % de sus vacunas, respectivamente.

Por otro lado, las empresas de  Johnson & Johnson y AstraZeneca, distribuyeron el 50 % de sus existencias a los países con los precios más bajos, siendo muchas de esas dosis donaciones de otros países con ingresos más altos. Sin embargo, ambas empresas siguen negándose a compartir su tecnología y propiedad intelectual a través de iniciativas coordinadas por la Organización Mundial de la Salud y están ahora abandonando sus sistemas de precios sin ánimo de lucro.

“A pesar de los miles de millones de financiación pública, estas empresas siguen anteponiendo su propia codicia a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Es sumamente preocupante que se dé prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5,6 millones de personas a causa de la COVID-19. ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos —no sólo la de los países ricos— debe tener acceso a las vacunas?”,

Khosla, ha querido señalar lo preocupante que es que se le de prioridad a los beneficios por encima de las personas, especialmente cuando, hasta la fecha, han muerto más de 5,6 millones de personas a causa de la COVID-19, y se hace la siguiente pregunta: ¿A cuántas variantes más tendremos que sobrevivir para que los países de ingresos altos y las empresas farmacéuticas comprendan que la población de los países de bajos ingresos —no sólo la de los países ricos— debe tener acceso a las vacunas?

Amnistía Internacional también exige a las empresas que compartan la propiedad intelectual mediante la expedición de licencias abiertas y no exclusivas o participando en el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP), creado para apoyar el intercambio de licencias abiertas y no exclusivas, divulgar públicamente todos los términos y condiciones y fijar el precio de las dosis de manera que los beneficios no se interpongan en el acceso a las vacunas contra la COVID-19.