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La lucha internacional contra la pesca ilegal ha dado un paso decisivo con el compromiso de 110 países de impedir que los barcos vinculados a actividades pesqueras ilícitas puedan utilizar sus puertos. Esta medida supone un importante avance en la protección de los recursos marinos y en la cooperación entre Estados para dificultar la operativa de embarcaciones que desarrollan su actividad al margen de la normativa internacional.
El acuerdo pretende cortar una de las principales vías de apoyo logístico de estos buques: el acceso a instalaciones portuarias donde descargar capturas, repostar combustible, abastecerse de suministros o recibir servicios esenciales. Al limitar estas posibilidades, los países participantes buscan reducir la rentabilidad de la pesca ilegal y proteger tanto los ecosistemas marinos como la economía del sector pesquero legal.
Un acuerdo internacional contra la pesca ilegal que cumple diez años
El instrumento que hace posible esta cooperación es el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trata del primer tratado internacional jurídicamente vinculante diseñado específicamente para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Aunque el convenio entró oficialmente en vigor en 2016, la FAO ha conmemorado en Roma el décimo aniversario de su creación, destacando el impacto que ha tenido desde entonces en el fortalecimiento de los controles portuarios y en la colaboración entre administraciones pesqueras de todo el mundo.
En la actualidad, 86 socios de la FAO, que representan a 110 miembros, forman parte del acuerdo. La incorporación más reciente ha sido la de Moldavia, ampliando aún más la red internacional comprometida con el cierre de puertos a embarcaciones que incumplen la legislación pesquera.
Más controles para frenar la actividad de los buques ilegales
Uno de los aspectos más relevantes del tratado contra la pesca ilegal es el refuerzo de las inspecciones en puertos estratégicos. Cada año se realizan alrededor de 22.000 inspecciones distribuidas en 700 puertos designados, una cifra que refleja el alcance operativo del acuerdo y el esfuerzo coordinado de las autoridades marítimas.
Estas inspecciones permiten verificar la documentación de los buques, el origen de las capturas y el cumplimiento de la normativa internacional antes de autorizar cualquier operación portuaria. De esta manera, se dificulta que el pescado obtenido de forma ilegal entre en los mercados y se favorece una competencia más justa para los pescadores que cumplen las reglas.
La FAO también ha desempeñado un papel clave ofreciendo asistencia técnica a más de 80 socios, ayudando a mejorar la formación de inspectores, los sistemas de vigilancia y la capacidad de los países para aplicar de manera efectiva las medidas previstas en el tratado.
La celebración del aniversario ha servido además como antesala de una nueva reunión del Comité de Pesca de la FAO (COFI), que reúne en Roma a representantes internacionales hasta el día 11 para analizar los principales desafíos del sector.
Durante estas jornadas, los países abordan cuestiones relacionadas con la conservación de los recursos pesqueros, la gestión sostenible de los océanos, la innovación en la pesca y la acuicultura, así como las estrategias necesarias para combatir las actividades ilegales que amenazan la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria.
El encuentro refuerza la idea de que la protección de los mares requiere una respuesta global, ya que la pesca ilegal afecta a aguas de distintas regiones y tiene consecuencias económicas y ambientales que trascienden las fronteras nacionales.
España defiende una pesca sostenible y con futuro
En representación de España, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, intervino para subrayar que los avances logrados en la conservación de los recursos marinos contra la pesca ilegal deben traducirse también en estabilidad para quienes viven de la actividad pesquera.
Según destacó, la sostenibilidad no puede limitarse únicamente al ámbito ambiental, sino que debe integrar también las dimensiones económica y social, permitiendo que las empresas del sector puedan planificar inversiones, mantener su competitividad y ofrecer oportunidades laborales a las nuevas generaciones interesadas en la pesca y la acuicultura.
Artime defendió igualmente la importancia de mantener una cooperación internacional sólida como herramienta indispensable para garantizar el futuro de los océanos y de las comunidades costeras que dependen de ellos.
Cooperación internacional y reconocimiento al papel de las mujeres
España aprovechó el encuentro para reafirmar su colaboración con la FAO mediante diferentes iniciativas. Entre ellas destacó el respaldo al programa Puertos Azules, en el que el puerto de Vigo participa desde sus comienzos, así como las acciones formativas y de cooperación desarrolladas a través del Buque Escuela y de Cooperación Pesquera Intermares.
La representante española también quiso poner en valor el trabajo de todas las personas que forman parte del sector pesquero, con una mención especial a las mujeres dedicadas a la pesca y la acuicultura. Este reconocimiento cobra un significado especial en el contexto de 2026, declarado Año Internacional de la Mujer Agricultora, una conmemoración que busca visibilizar la contribución femenina al desarrollo sostenible y al abastecimiento alimentario.
Con la adhesión de 110 países y el fortalecimiento de los controles en cientos de puertos, el acuerdo impulsado por la FAO consolida una estrategia internacional que pretende cerrar el paso a la pesca ilegal y avanzar hacia una gestión más responsable y sostenible de los recursos marinos.
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