Hacienda niega haber intervenido a Andalucía

El Ministerio de Hacienda considera "una gran exageración" las acusaciones por parte de la Junta de Andalucía de haber sido intervenida por el departamento que dirige en funciones María Jesús Montero por el incumplimiento del objetivo de déficit de 2018, aún con el Gobierno socialista de Susana Díaz a cargo.

Así lo confirmaron a Servimedia fuentes de Hacienda, que señalaron que se ha actuado de la misma forma que con todas las autonomías que incumplen los objetivos de estabilidad. Y que el contenido de la carta remitida a la Junta es el mismo que las enviadas en otras ocasiones a otros gobiernos autonómicos en la misma situación.

Desde el Ministerio niegan que su actuación implique, tal y como denuncia la Junta, una intervención, ya que, aseguran, el gobierno andaluz sólo tiene que presentar un nuevo Plan Económico Financiero (PEF) en el que se corrija la desviación del objetivo de déficit. Para ello tiene libertad para tomar las medidas de incremento de ingresos o recorte del gasto que considere.

Desde la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las comunidades autónomas que incumplen el objetivo de estabilidad, la regla de gasto o el objetivo de deuda pública deben presentar un Plan Económico-Financiero. Además, las comunidades que solicitan su adhesión a algunos de los mecanismos extraordinarios de liquidez aprobados en 2014 tienen la obligación de presentar un plan de ajuste.

Andalucía no cumple con los requisitos

Se fijó un procedimiento exhaustivo por Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) el 5 de julio de 2018 que es igual para todas las comunidades y que establece los criterios objetivos para poder salir a los mercados. Andalucía, hoy, no cumple las condiciones fijadas en ese acuerdo, según el Ejecutivo central.

Para acceder a los mercados, la comunidad autónoma debía estar adherida al compartimiento de facilidad financiera y cumplir los objetivos de déficit y deuda pública. Las fuentes consultadas explican que Andalucía cumplía esos requisitos gracias a que, en 2017, último año completo en el que María Jesús Montero estuvo al frente de la Consejería de Hacienda, la comunidad no rebasó el límite de déficit ni el de deuda pública.

Sin embargo, el preceptivo informe publicado el pasado mes de noviembre sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de regla de gasto reflejó que Andalucía incumplió los tres requisitos en 2018.

Ahora, añaden los interlocutores de Hacienda, se hace lo que dice la norma, que es que hasta que no se cumplan los requisitos no se pueden autorizar nuevas emisiones de deuda. Esto no afecta a las ya autorizadas. Esto implica que Andalucía sale del compartimiento de facilidad financiera y pasa al Fondo de Liquidez Autonómico.

El Ejecutivo andaluz protesta

No existe, por tanto, ningún trato arbitrario hacia Andalucía, dicen desde Hacienda. Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados, y la sostenibilidad financiera del conjunto del Estado lo que motiva a hacerlo. Así se comunicó a la Junta de Andalucía el pasado 5 de diciembre, antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos.

“No hay ninguna intervención”, añade el Gobierno, que dice que es incorrecto decir que el “Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas andaluzas”. ”El hecho de financiarse a través de los fondos de liquidez autonómicos o presentar planes de ajuste entra dentro de la normalidad de los últimos ejercicios y no implica una intervención de las cuentas públicas. Prácticamente todas las comunidades autónomas, en un momento u otro, han estado en esta situación”, remarcan en Hacienda.

Venganza tras la sentencia de los ERE

Por su parte, la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, considera que la intervención de las cuentas de la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez una "medida vengativa" de los socialistas tras la sentencia del 'caso de los ERE'.

En declaraciones en la Asamblea madrileña, Camins consideró una “medida incongruente, irresponsable y muy preocupante” que el Gabinete de Sánchez haya procedido a "asaltar" la Administración de la Junta andaluza, que ahora preside Juan Manuel Moreno, del PP.

Para Comins, esta decisión del Gobierno central “puede obstaculizar gravemente la recuperación económica y de creación de empleo iniciada por el Gobierno del cambio en Andalucía".

“Estamos ante una maniobra vengativa e irresponsable de Sánchez tras la sentencia de los ERE”, consideró. 

Dijo que “esta medida arbitraria, sin previo aviso y sectaria del presidente del Gobierno en funciones, bloquea la salida de Andalucía a los mercados financieros y exige recortes que pueden perjudicar a todos los andaluces”.

"Medida discrecional y política"

“Estamos ante una decisión totalmente discrecional y política, ya que el Gobierno no está obligado a hacerlo por la Ley de Estabilidad Financiera ya que Andalucía sólo incumplió los objetivos en 2018 y el Gobierno del cambio ya ha hecho un plan de recuperación”, añadió este dirigente del PP de Madrid.

Indicó que “no podemos callarnos ante decisiones como ésta, ya que somos conscientes de que Sánchez tiene en su punto de mira a las comunidades que más crecen y mejor funcionan como Madrid o Andalucía”.

A su juicio, “Sánchez se envuelve en la más absoluta incongruencia, ya que se da la paradoja de que, para adoptar esta decisión, utiliza como argumento el desequilibrio en las cuentas de 2018, las últimas aprobadas y ejecutadas por el Gobierno de Susana Díaz que incumplieron el Plan de Estabilidad, la Regla de Gasto y el objetivo de déficit”.

“Es una enmienda a sus propias cuentas, ya que no podemos pasar por alto que este presupuesto fue elaborado por la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra en funciones del PSOE, María Jesús Montero, quien ante este esperpento con el que hoy nos sorprende Sánchez, debería asumir responsabilidades por el incumplimiento”, concluyó.