Los derechos de las personas LGTBIQ+ vuelven a dar un paso atrás en Rusia

Mientras que la tendencia en los países occidentales y en sus vecinos europeos aboga por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+, en Rusia no han parado con la guerra declarada a este colectivo que se inició hace 10 años con la aprobación de la "ley de antipropaganda gay", que no solo fue ampliada a finales de 2022, sino que además ahora ha sido reforzada con la declaración del movimiento internacional LGTB como "grupo extremista".

Desde la organización ILGA Europe, un grupo que trabaja y lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+ a nivel internacional, ha lanzado los resultados de su última investigación con respecto a las actuaciones políticas del Kremlin contra este colectivo, y los resultados de la misma no han sido nada positivos, demostrando no solo una clara vulneración a sus derechos, sino también un peligro elevado de persecución.

El movimiento LGTBIQ+ entra entre los considerados grupos extremistas en Rusia

La homofobia en Rusia no es un tema de actualidad. De forma cada vez menos silenciosa, el gobierno ruso, apoyado especialmente en la iglesia ortodoxa del país, ha ido haciendo mella en los derechos de las personas LGTBIQ+. Ahora también busca penalizar de forma más contundente el activismo de personas y personajes públicos con la decisión de incluir a este colectivo dentro de los movimientos considerados como extremistas.

Lo ha conseguido con el aval del Tribunal Supremo, después de que el Ministerio de Justicia ruso solicitase su integración en dicho grupo el pasado mes de noviembre. Pero, ¿Qué implica exactamente esto? Primero que nada, esta clasificación tiene "graves consecuencias legales", señalan desde Amnistía Internacional en una entrevista ofrecida al medio digital Newtral.es. Esto se debe a que las personas LGTBIQ+ “pueden enfrentarse hasta a cinco años de prisión”, explican desde la organización.

Esto puede entenderse con un ejemplo sencillo, como el de una manifestación pacifista por los derechos del colectivo LGTBIQ+. De producirse, los asistentes a dicha manifestación podrían ser detenidos y juzgados como pertenecientes a un movimiento extremista. Por supuesto, peor sería la situación de aquellos que organizasen dicha manifestación, ya que podría llegar a enfrentarse a penas de hasta 10 años de cárcel “en aplicación de los artículos 282.2.2, 282.2.1 y 282.3 del Código Penal”, según explicaba Amnistía Internacional.

Ante esta situación, la investigación de la ILGA Europe sostenía que “convierte el encarcelamiento en un escenario muy real por participar en el activismo, compartir información sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en Rusia o simplemente alzar la voz”.

Sin luz al final del túnel

Pocos rayos de esperanza se ciernen sobre el colectivo LGTBIQ+ en Rusia, sobre todo si atendemos a la evolución de las medidas en contra de sus derechos que iniciaron en 2013 y no han hecho más que extenderse. No solo se persigue el activismo con medidas políticas, también se hace con una potente propaganda para mantener las "relaciones tradicionales" y desprestigiando el movimiento y toda la ideología de tolerancia que lo compone.