Por un acceso igualitario a la justicia para las personas con discapacidad intelectual

Cuando una persona con discapacidad intelectual se enfrenta a un procedimiento judicial, la probabilidad de que no comprenda lo que está ocurriendo es elevadísima, ya que se enfrenta a un sistema judicial que suele colocarle en una situación de indefensión. Esta realidad denunciable ha llevado a Plena Inclusión España, una confederación que reúne a 950 asociaciones de todo el Estado que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, a denunciar una inequidad estructural que permite que solo el 31’5 % de los procedimientos judiciales en los que se juzga a personas con discapacidad intelectual se tiene en consideración su discapacidad, según se afirma en el informe ‘A cada lado’, (Plena inclusión, 2020).

Para reducir estas situaciones de desamparo y luchar por el acceso igualitario a la justicia, Plena Inclusión realiza desde hace años un intenso trabajo en el ámbito de los ajustes de procedimiento, poniendo especial hincapié en la necesidad del desarrollo y reconocimiento legal de la figura del facilitador procesal. De forma paralela, numerosas asociaciones de este movimiento asociativo prestan apoyo práctico a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando se enfrentan a procesos judiciales. Así se muestran en la práctica los beneficios que genera la intervención de personas facilitadoras para impedir situaciones de indefensión.

En este camino, Plena Inclusión ha presentado, dos documentos que permiten avanzar en la consolidación del acceso igualitario a la justicia:

• Protocolo de actuación del facilitador que se centra en la participación del facilitador en el procedimiento y aborda cuestiones relacionadas con la naturaleza jurídica de la figura.
• Propuesta de desarrollo profesional de la figura del facilitador procesal que aborda funciones, competencias necesarias para ello y perfiles profesionales que pueden realizarlo y formación mínima necesaria para ello.

Cuando una persona con discapacidad intelectual se enfrenta a un procedimiento judicial, la probabilidad de que no comprenda lo que está ocurriendo es elevadísima

Y es que se enfrenta a un sistema judicial que suele colocarle en una situación de indefensión.

El acceso igualitario a la justicia es una necesidad del Estado de Derecho. Las políticas dirigidas a equilibrar el acceso social a la justicia deben ir más allá de las necesarias pero insuficientes prácticas que se contraen a la gratuidad de la defensa, exoneración de tasas y otras liberalidades. Deben responder, además, a un sistema auténtico de tutela efectiva a los más débiles. Asimismo, para hacer más accesible el servicio de justicia, ha de evitarse la concentración territorial de los órganos judiciales, procurando una adecuada descentralización de los mismos.

Peticiones de justicia

"Reclamamos al Ministerio de Justicia que avance en el reconocimiento de la figura de la persona facilitadora ya que esta carece de perfil profesional asociado, lo que pone en peligro su desarrollo y genera confusión sobre cuáles son sus funciones y competencias". Así lo denuncia la falta de acceso igualitario a la justicia Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión España.

Por otro lado, salvo alguna iniciativa muy aislada, no existe ninguna financiación pública asociada al despliegue y consolidación de esta figura y está siendo prestada y financiada por las asociaciones de Plena Inclusión, que son entidades sin ánimo de lucro.